07/11/1998 | 607

Los accidentes de trabajo no obedecen a la fatalidad

El bloque de Diputados del PJ «decidió dar marcha atrás con el proyecto de ley para introducir cambios en el sistema de riesgos del trabajo» (Clarín, 4/11). «Carlos Raimundi, de la Alianza, también admitió que la oposición, a pedido de los empresarios, abrirá un compás de espera» (ídem).


El duhaldista Alfredo Atanasof, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, explicó que esta decisión de mandar ‘a la congeladora’ el tratamiento parlamentario de los cambios se adoptó «a raíz de las críticas de la Unión Industrial, de las ART y del Ministerio de Trabajo» (ídem). Justamente, el Ministerio de Trabajo había convocado a la Unión Industrial y a la CGT a una reunión del Comité especial creado por la ley para ‘consensuar’ algunas modificaciones, en oposición a los proyectos presentados por el PJ y la Alianza.


La decisión del PJ y de la Alianza de no discutir en el recinto de Diputados los cambios a la ley tiene, entonces, el propósito de darles tiempo al Gobierno, a la UIA y a la CGT para que bloqueen con un proyecto propio a los que ya están en el Parlamento.


Es en este cuadro de situación que la Uocra decidió realizar una nueva marcha hacia el Congreso para presionar a los bloques del oficialismo y de la oposición a que traten los proyectos. En las sesiones anteriores, se había votado una moción de preferencia para que estos proyectos se tratasen este miércoles 11.


Las chances de que esto suceda son mínimas, porque tanto el menemismo como el duhaldismo tienen, en este punto, un acuerdo cerrado. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, ‘duhaldista’, es el mayor defensor del actual sistema de riesgos del trabajo. Provincia tiene la principal ART y Rodolfo Frigeri y Remes Lenicov son los ‘comisarios’ de Duhalde en el Congreso para que no salga ningún proyecto de ley que le arruine uno de sus principales negocios. El ‘duhaldista’ Atanasof se ha convertido, además, en el vocero parlamentario del Ministerio de Trabajo y tejió acuerdos con la Alianza para‘encajonar’ los proyectos en cuestión.


Todo esto sucede cuando el Superintendente de Riesgos del Trabajo reconoce que el 70% de las empresas no realizó los planes de mejoramiento de las condiciones de seguridad, a pesar de que tuvieron dos años para ello, durante los cuales estuvieron eximidos del pago de multas (La Nación, 5/11).


Los proyectos


Los proyectos que se pretende bloquear aumentan las indemnizaciones y las multas a las empresas que no cumplen con las normas de seguridad e higiene. El proyecto del PJ permite al trabajador ir a la justicia si la empresa no está asegurada o no cumple con las condiciones de seguridad, pero sólo en casos contados. El texto de la Alianza es más amplio en este punto, pues además de permitir que el trabajador pueda ir a la Justicia, establece que la indemnización que marca la ley se considere a cuenta de lo que determinen los jueces.


Ambos proyectos merecieron la crítica de las patronales, que bajo ningún punto de vista admiten que la ley sea modificada en lo relativo a habilitar el juicio civil. A partir de estas críticas, el PJ y la Alianza comenzaron a dilatar las cosas y anunciando que pretenden ‘mejorar’ sus proyectos, en especial en el punto de la vía judicial. La prohibición para recurrir a la Justicia es, sin embargo, inconstitucional. «La Cámara Laboral de la Justicia de la Provincia de Entre Ríos declaró la ‘inconstitucionalidad’ de la ley de riesgos del trabajo porque crea una zona de exclusión para la responsabilidad empresaria en materia de infortunios laborales» (El Cronista, 14/10). Con éste, ya suman 10 los fallos condenatorios de la ley de riesgos del trabajo.


El Partido Obrero apoya la movilización de la Uocra y llama al pueblo a movilizarse contra los atropellos patronales que significan los accidentes laborales. El PO plantea que los proyectos del PJ y de la Alianza no enfrentan los problemas reales que originan los accidentes de trabajo, que es la incuria y la negligencia patronales y sus necesidades de superexplotación y mayores beneficios, a la vez que los denuncia porque cada vez más están adaptando esos proyectos a los requerimientos del gran capital.


Para enfrentar esto es necesaria una medida coercitiva contra las patronales, como la formación de comités obreros que controlen la seguridad con facultades de parar toda obra o fábrica que no respete las normas de seguridad.


El PO plantea el control de los horarios y ritmos de producción, a los que todos los expertos les atribuyen la responsabilidad por los accidentes laborales.


El PO exige la vía judicial sumarísima, lo que significa que debe resolverse en pocas semanas el juicio penal y el resarcimiento económico, y cuya base debe ser un salario igual a la canasta familiar.

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