La revelación de varios documentos “confidenciales” firmados por YPF con Chevron, y que según el jefe de Gabinete Capitanich son “habituales en materia de contratos hidrocarburíferos”, confirma las denuncias que han sido realizadas en todos los ámbitos por el Partido Obrero: el contrato de Chevron y sus cláusulas secretas entregan la renta petrolera a Chevron y a las multinacionales y no la búsqueda del autoabastecimiento energético.

 

“Según consta en documentos que firmaron YPF y Chevron”, revelados por La Nación y reconocidos por autoridades de YPF, allí se establecen las “modificaciones” que debían realizarse de leyes nacionales a su “entera satisfacción” como condición para iniciar la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

 

Esas condiciones fueron implementadas en el decreto presidencial 929/2013 -que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos-, y que fue la base de lo establecido en la ley 27.007 de Hidrocarburos, que el Congreso aprobó el 30 de octubre.

 

 

 

¿Soberanía hidrocarburífera?

Mediante aquel decreto el Poder Ejecutivo creó un “Régimen de Promoción de Inversión de Explotación Hidrocarburífera” donde a los “titulares de permisos de exploración y/o concesión” se les puede facilitar “la libre disponibilidad del ciento por ciento (100%) de las divisas provenientes de la exportación de los hidrocarburos” y el otorgamiento del “derecho a comercializar libremente en el mercado externo el veinte por ciento (20%) de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del cero por ciento (0%) de derechos de exportación”.

 

Facilitar la “libre disponibilidad” de las divisas provenientes de la exportación y comercializar un porcentaje de lo extraído en el mercado externo equivale a la entrega de la renta petrolera.

 

 

Depredación

La ley de Hidrocarburos permite a YPF facilitar contratos con las empresas, redefinir áreas y yacimientos en contratos por “explotación no convencional de hidrocarburos”, lo que facilita el alargamiento de plazos hasta 35 años con extensiones de 10 años más. Criterios extendidos también a las explotaciones mar afuera.

 

Todas éstas son explotaciones de yacimientos que producen un mayor riesgo de daño ambiental, por el uso masivo de agua y fractura de roca a grandes profundidades (2.000 a 3.000 metros) y por contaminación de napas subterráneas y mar afuera (caso del Golfo de México).

 

Sin embargo, tal como se hizo con Repsol, se exime a las empresas de la responsabilidad por el daño ambiental (www.cor.to/informemosconi). Estas concesiones de largo plazo son de alto riesgo de contaminación con el uso de una técnica sobre la que no existe experiencia en el país. Se pone en riesgo la Patagonia, uno de los reservorios naturales menos contaminados del planeta.

 

Los acuerdos de Chevron, además, habilitan la plaza de Nueva York para dirimir cualquier disputa contractual futura, similar a los que facilitaron los juicios de los fondos buitre.

 

 

Vaca Muerta

La explotación de Vaca Muerta, uno de los yacimientos de petróleo y gas más grandes del mundo, exige llegar a 3.000 metros de profundidad con métodos de fractura horizontal. Esta explotación supone costos elevados, a los que deben añadirse la construcción de terminales de licuificación y regasificiación. La caída del precio del petróleo, a menos de 80 dólares el barril, los convierte en no rentables. El descenso del precio de gas no convencional en Estados Unidos ha sido aún mayor -a unos 3 dólares la unidad técnica.

 

“Con precios de 84 u 85 dólares (el barril de crudo Medanito), los resultados económicos (de Vaca Muerta) son marginales reconoció, sin escatimar sinceridad, el ingeniero Gallucio, que aceptó que por esa razón “no va a tener grandes resultados por los próximos seis años” (!!!) (Cronista, 22/10).

 

Un punto clave de la ley es, por este motivo, la ambigüedad de los compromisos de inversión, que por ahora se limitarán a la comprobación de reservas.