Los acusadores tienen que ir a la carcel
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El juicio contra los compañeros Panario, Christiansen y Estrada ha concluido en una verdadera catástrofe para todo el aparato del Estado patronal —con su gobierno, jueces, legisladores y políticos. El lunes 18, en el cierre del proceso, el fiscal tuvo que admitir que no existía ninguna razón para condenar a los acusados y que nunca existió ningún motivo para que fueran encarcelados. Algunos se conmoverán ahora ante la grandeza de espíritu del fiscal, pero el 2 de octubre de 1995, cuando los desocupados fueron reprimidos en las puertas de la casa de gobierno de Neuquén, toda la jauría anti-obrera se unió en una sola voz para condenar a los ‘vándalos’-, desde el gobernante MPN y los opositores PJ, UCR y Frepaso, hasta el clero (sea ultramontano o progresista) y las burocracias sindicales centroizquierdistas, e incluso la directiva ‘bolchevique’ del sindicato docente de la capital neuquina, que intentó expulsar a uno de sus miembros bajo la acusación de que había apoyado a los desocupados. El proceso contra Panario, Christiansen y Estrada se ha transformado en el proceso de la política patronal, que en nombre de la propiedad y el beneficio no se detiene ante ninguna bajeza contra el ser humano.
Es incuestionable que el juicio oral y público fue afectado en forma decisiva por la crisis del oficialismo neuquino, que se manifestó cuando el ex ministro de gobierno, Luis Sapag, declaró con un año de demora que la movilización de los desocupados no había ejercido ninguna ‘coacción’ contra el gobierno, ya sea ‘agravada’ o de cualquier otro tipo. Es decir que toda el acta acusatoria se basaba en la mentira. Sin embargo, en aquella semana de octubre, fue Luis Sapag y su gobernador, Sobisch, quienes lanzaron la cacería contra los activistas de la Coordinadora de Desocupados y detuvieron a los que serían procesados. Fueron ellos los que ordenaron a la televisión aterrorizar a la gente con imágenes de furia demente, instinto criminal y otras porquerías por el estilo, que tenían por protagonistas a trabajadores sin empleo con sus mujeres y niños, que simplemente reclamaban el pago del seguro que ya tenía vigencia legal desde hacía un tiempo.
Incluso la propia defensa jurídica de los compañeros pidió, al comienzo, su excarcelación fundándose en una admisión atenuada de la acusación de ‘coacción’.
El enfrentamiento entre el clan Sobisch y el clan de Felipe Sapag, que se profundiza ante la proximidad de las elecciones del ’97, decidió al primero a posar de ‘demócrata’ y desairar al segundo, que acaba de pedir las penas máximas contra los acusados.
El desbaratamiento total que ha sufrido la intriga persecutoria, refleja así la descomposición del régimen, que teme por añadidura la radicalización de las luchas que se manifiesta desde el Cutralcazo y la caída de Cavallo. Con excepción de Página 12, ningún medio nacional o local destacó el juicio contra los compañeros, pero un canal de televisión neuquino se empeñó sí en divulgar una encuesta para ‘revelar1 que la mayoría de los interrogados ‘aún’ consideraba que los compañeros eran ‘culpables’. Lo que, sin embargo, quedó definitivamente demostrado, es que el juez de instrucción, que mantuvo tanto tiempo presos a los compañeros, es un defraudador del banco de la provincia de Neuquén.
Falta ahora que la Cámara se pronuncie ante el pedido de absolución del propio fiscal. La libertad de los compañeros es, a pesar del sufrimiento que les ocasiono el régimen, una victoria extraordinaria.
Ahora hay que poner en el banquillo de los acusados al gobierno de Neuquén, al juez de instrucción y a todos los medios de comunicación. Esta experiencia no debe pasar en vano; debe ser enérgicamente aprovechada para elevar la conciencia política del pueblo y para asestar golpes al aparato conspirativo del Estado y a los políticos patronales que lo monopolizan.