Mientras en el curso del domingo se confirmaban 56 casos de coronavirus en Argentina, el presidente Alberto Fernández generó una expectativa importante señalando en una entrevista que para cortar la curva ascendente de contagio estaba “analizando la posibilidad de hacer un corte para darle la posibilidad a la gente de quedarse en su casa. (…) Si nosotros lográramos que durante una semana entera todos se quedaran en sus casas y las calles se vaciaran, bueno. Pero para hacer esto también hay que tener en cuenta que tiene consecuencias económicas”.

“La cuarentena para todos es compleja(…)Estamos evaluando parar la circulación por 10 días.”, desarrolló en otra entrevista radial Fernández.

Todo esto presagiaba decisiones de fondo, que serían anunciadas en la conferencia de prensa de la tarde.

Sin embargo, cuando Fernández tomó la palabra de noche, flanqueado por Rodríguez Larreta y Kicillof, las medidas fueron otras.

Las dos grandes novedades fueron el cierre total de las fronteras y la suspensión de las clases. Todo lo dispuesto en términos del movimiento del país ha sido confuso y contradictorio. La decisión de privilegiar la continuidad del conjunto del trabajo privado en el país, colocando el lucro capitalista como criterio central incluso frente a la perspectiva de una crisis sanitaria, socava la efectividad real de las medidas parciales que se adoptan.

Se ha mantenido todo el funcionamiento comercial, industrial y de servicios al cien por cien, cuando lo que se impone es la reducción de actividades en áreas no esenciales -para reducir los puntos de concentración y por lo tanto, los riesgos de contagio- lo que debería ir unido a la prohibición de despidos, de modo de establecer una salvaguarda de los puestos de trabajo y proteger a los trabajadores de represalias de la patronal. Por otra parte, sin existir licencias laborales para quienes tienen menores a cargo, el cuidado de la masa de menores de edad que no irán a clases se trasforma en un problema de difícil solución para las familias, sin garantizar que los alumnos adopten una cuarentena efectiva. Exigimos licencia paga a quienes cobran el salario familiar por sus hijos, para garantizar su cuidado, ante el cierre de las escuelas.

Ni cuarentena, ni alcohol en gel en precios cuidados

La justificación de que es necesario mantener la producción para que no haya desabastecimiento es cuando menos polémica. Justamente se ha producido ya el desabastecimiento de los productos de higiene que son requeridos frente a la pandemia, como el alcohol en gel e incluso el alcohol líquido para botiquín. El anuncio de Fernández de un precio garantizado para estos productos carece de sentido si no se toman medidas para que el público pueda comprarlos, requisando la producción que se esté acaparando para especular con el precio y garantizando el Estado mismo la producción de los insumos que escasean desde las dependencias públicas y los hospitales hasta para el uso domiciliario. Los discursos contra los “formadores de precios” no significan nada si se permite a los empresarios retener la mercancía hasta lograr una superganancia como producto de la crisis.

Si realmente hubiese un problema de garantizar la producción en función de las necesidades de la población, no se explica cómo el lunes 16 siguen abiertos, entre muchas otras empresas que no son de primera necesidad, los bingos y casinos de la ciudad de Buenos Aires y muchos puntos del país (Infobae 16/3).

El tren Roca, factor de riesgo

Como muchos otros puntos de la conferencia, el problema del transporte en el área metropolitana quedó ad referéndum de nuevas reuniones el día lunes. El presidente dijo que el problema de la movilidad en el área metropolitana, donde está el grueso de los contagiados, es “clave”, es “muy importante”, pero al día siguiente no sólo no se vivió un alivio del hacinamiento del transporte, sino que incluso se agravó.

Se redujeron las unidades de la concurridísima línea ferroviaria Roca que atiende con múltiples ramales el sur del Conurbano y la conexión de Buenos Aires y La Plata. El efecto no fue un alivio de la concurrencia, sino como era previsible un hacinamiento mucho mayor de miles de trabajadores que no pueden dejar de concurrir a sus jornadas laborales incluso atravesando situaciones de riesgo graves. Aunque el hecho es adjudicado a el inicio preestablecido de obras en la estación Constitución, el hecho no sólo muestra un nivel peligrosísimo de improvisación y falta de coordinación de quienes manejan la crisis sino que adelanta el impacto que podría tener la idea comentada por Fernández el domingo a la mañana de reducir la disponibilidad de transporte (“que circulen dos colectivos por línea, por ejemplo”) sin resolver licencias laborales efectivas que hagan bajar la demanda de transporte.

¿Qué pasa con las escuelas?

La resolución de suspender quince días las clases, que efectivamente reclamaron los sindicatos docentes combativos de la docencia y otros sectores de la comunidad educativa, se choca sin embargo, con el anuncio de “mantener las escuelas abiertas”, por “solidaridad”. Como los jubilados ya saben, los pedidos de solidaridad de parte de este gobierno son un aviso de que hay que ponerse a resguardo.

Aunque se supone que la continuidad pedagógica debe garantizarse mediante clases y actividades a distancia, que no requieren la presencia de los docentes en el establecimiento, el ministro de Educación Nicolás Trotta reafirmó esta mañana las resoluciones provinciales que exigen que los docentes y auxiliares concurran a las escuelas a cumplir sus horarios. La única tarea de “contención”, la de los comedores escolares que tienen un pobrísimo contenido nutritivo, puede realizarse distribuyendo viandas en la puerta del establecimiento. La exigencia de que los trabajadores concurran a las escuelas es un contrasentido sanitario, para ellos y para lograr la menor circulación que los especialistas recomiendan. Sólo tiene sentido para disciplinar a un sector de trabajadores que ha hecho del reclamo de las condiciones de trabajo una bandera de lucha permanente con el Estado.

Necesitamos otra orientación para enfrentar la pandemia

La posibilidad de cortar la circulación de la población para “achatar la curva de contagio” como planteó ayer Fernández en la conferencia implica afectar intereses sociales que el gobierno no quiere tocar. El “estudio del impacto económico” lo lleva a cajonear las propias medidas que él mismo consideró favorables unas horas antes.

Tampoco avanzó con anuncios sobre la principal área a cargo del gobierno en una crisis sanitaria, el sistema de salud público. El reforzamiento de un sistema castigado por incontables ajustes justamente mejoraría la capacidad de atender una multiplicación de casos como la que previó el presidente en la conferencia. En Italia, la falta de respiradores en los hospitales ha sido la causa de que los médicos tengan que optar por cuál de los paciente infectados tratar y a cuales abandonar a su suerte, como lo han reflejado testimonios desgarradores.

El programa para enfrentar la crisis no es difícil de concebir. Pero implica avanzar contra la orientación social regida por los intereses empresariales y el pago de la deuda. Distintos sectores de trabajadores están impulsando sus reclamos frente a la crisis. En este punto es fundamental la formación de comisiones de trabajadores electas por el personal de todos los lugares de trabajo, empezando por los centros de salud. Esto con el objeto de establecer un control de los trabajadores tanto de las medidas necesarias como de su efectiva ejecución.

El proyecto presentado el viernes 13 por la diputada del Frente de Izquierda Romina del Pla en el Congreso nacional avanza en el mismo sentido: ante todo centralizar el sistema de salud, público, privado y de obras sociales para enfrentar la emergencia bajo un comando único, de manera de que las camas e instalaciones privadas estén al servicio de toda la población al igual que las públicas y de obras sociales. Aumento de presupuesto de salud para garantizar insumos y camas hospitalarias; reforzar el instituto Malbrán donde se realizan los controles del virus (y en todos los 35 laboratorios dependientes del Malbrán, centralizados por el Estado); distribución gratuita de alcohol en gel, desinfectantes y barbijos; la suspensión total de actividades en escuelas y colegios, con guardias mínimas para los comedores escolares, garantizando los insumos para desinfección e higiene.

La única manera de quebrar los intereses privados que ponen en riesgo la salud y la vida de la población es haciendo valer los intereses y la organización de la población trabajadora.