Los anuncios realizados por Macri, relativos a un “ajuste en la estructura del Estado”, tienen como objetivo servir de una excusa para avanzar con más despidos en la administración pública. Es un “gesto de austeridad”, como reseñan varios periodistas, dirigido a allanar una nueva oleada de despidos, que podrían sumar hasta 25 mil en toda la administración pública.

El hecho de que se reduzcan secretarías, subsecretarías y direcciones coloca a los trabajadores de las mismas en las miras de próximos despidos, en línea con lo planteado en el plan de “dotaciones óptimas”. Sumado a ello, es una impostura que con esto se reducirá el déficit fiscal, ya que este recorte representa sólo un 0,034% del gasto público, un ahorro de apenas mil millones sobre un déficit declarado, en 2017, de 135 mil millones de pesos. El verdadero mazazo recaerá sobre los trabajadores.

A su vez, la embestida macrista pretende darle una pátina de “transparencia” a su gestión y a la de sus ministros, luego del escándalo que involucró a Triaca, excluyendo de sus cargos a los familiares que los principales funcionarios del gobierno nombraron en el Estado –aunque se limitaría a padres, hermanos e hijos, no así a esposos y esposas, primos y otros parentezcos. A partir de las denuncias de la ex empleada del ministro de Trabajo, salió a la luz –además de que la tenía en negro y de que pretendía echarla sin liquidarle la indemnización correspondiente– la utilización de la intervención en el SOMU para beneficio personal y la revelación de que varios de sus familiares ocupan cargos políticos en el Estado.

Es importante destacar que los anuncios de Macri están inscriptos en el pacto fiscal, que firmaron casi todos los gobernadores, desde Alicia Kirchner a Gerardo Morales. Macri presionará para que los gobernadores actúen en un sentido similar con las administraciones provinciales.

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Los anuncios se dan en un cuadro de recrudecimiento de la ofensiva macrista sobre los empleados estatales. En la última semana se han multiplicado los despidos en todos los niveles de la administración pública, con casos testigos como en el Hospital Posadas, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y el INTI. Los trabajadores respondieron con la ocupación de la boca de la mina de carbón, paros y movilizaciones en el Posadas y una permanencia con cortes de General Paz en el caso del INTI.

Sin embargo, estos conflictos y otros necesitan una respuesta de conjunto por parte delos sindicatos estatales, algo completamente opuesto a la política que desenvuelven tanto ATE Nacional como los kirchneristas de ATE Capital: la tesis que “en el verano no se puede luchar”, y que conviene desenvolver luchas sectoriales, esperando una medida general para una fecha incierta.

Los estatales necesitamos otra orientación: un plenario único de delegados y activistas, que coloque al gremio en estado de deliberación para unir y potenciar todos los conflictos existentes, en la perspectiva de un paro nacional de estatales.