Políticas

27/7/2016

Los aportes empresariales al PRO y la nueva ley de financiamiento de Macri

Cambiemos utilizó $84 millones donados por 290 empresas para la campaña presidencial de Mauricio Macri.
 
 


La difusión del listado de empresas que aportaron a la campaña electoral de Macri anticipa el contenido que tendrá la nueva ley de financiamiento de los partidos que el gobierno tiene en elaboración. 


 


Según la información suministrada por el PRO, 290 empresas aportaron un total de $84 millones. Los aportes fueron hechos en concepto de “gastos de desenvolvimiento institucional” del partido, ya que la ley prohíbe las donaciones de empresas para las campañas electorales. Sin embargo, el apoderado del PRO, José Tonello, no tuvo problemas en admitir que incurrieron en una violación de la legislación vigente, utilizando esos fondos para la campaña electoral. 


 


El gesto de ´honestidad´ del dirigente del PRO apunta a justificar una modificación de la ley actual, removiendo todas las trabas que impiden el aporte empresarial a las campañas políticas. Es lo que dejaron entrever los funcionarios del gobierno, cuando anticiparon el contenido que tendría la ley en elaboración. El blanqueo de los aportes se ha transformado en una necesidad, pues los partidos no tienen forma de justificar en sus balances campañas electorales cuyo costo supera holgadamente los $1.000 millones. 


 


La legalización de los aportes empresariales tendrá como contraparte una reducción de los fondos estatales destinados a los partidos y las campañas electorales. El pasaje al voto electrónico será utilizado también con este propósito. De este modo, la desigualdad en la competencia electoral se agravará aún más. Los partidos patronales no sólo tendrán a favor el monopolio de los medios de comunicación, sino también del financiamiento para las campañas.


 


Con seguridad, la nueva ley permitirá a las empresas que realicen aportes descargar esos gastos de sus pagos de impuestos. Por esa vía, el financiamiento estatal seguirá de manera indirecta, pero con la diferencia irá exclusivamente a los partidos defensores del capitalismo.


 


Rechazamos esta reforma reaccionaria en curso, que implica un ataque a la democracia política, y reclamamos el financiamiento exclusivo del Estado de los partidos y de las campañas electorales.