La intervención del kirchnerista Agustín Rossi en favor de “la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas de modo de garantizar la accesibilidad… y evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas” (Clarín, 23/8) causó un gran revuelo mediático. El ministro de Justicia, Julio Alak lo calificó de “disparate” y el propio Rossi se retractó. La escaramuza puso sobre el tapete la polarización social creciente, que se manifiesta en la cuestión de la propiedad del suelo y de la vivienda.

Reculan frente a la patria contratista

Los barrios cerrados o countries constituyen una gigantesca cesión de tierras fiscales a grupos privados; hoy es una masa de 90.000 viviendas con casi 300.000 habitantes; 449 de estos barrios cerrados se encuentran en el conurbano bonaerense. La contracara de esta proliferación es el crecimiento de villas y de asentamientos, en medio de la ausencia de servicios esenciales. El reciente plan oficial de viviendas recibió más de un millón y medio de consultas, para un cupo de sólo 100.000 créditos. Uno de los graves problemas de este plan es la ausencia de tierras fiscales para la construcción de viviendas. Los barrios privados han sido, precisamente, los grandes usurpadores de esos terrenos.

Frente a esta crisis, el gobierno se limitaría a impulsar la cesión de terrenos para uso público -como plazas- en esos countries. Es el mismo régimen de “altruismo inmobiliario” que se aplicó en Puerto Madero.

Fracaso

La crítica oficial a los countries aparece cuando se hace evidente otro hecho: el fracaso de esta privatización suburbana para muchos de sus usuarios. Los beneficios de una conexión rápida con el centro de Buenos Aires, por medio de las autopistas, han terminado en embotellamientos crecientes. Pero el fracaso mayor se presenta en el terreno de la seguridad.

En 2010, la sucesión de robos violentos fue caracterizada por el entonces ministro Stornelli como el resultado de internas entre las firmas de seguridad privada, por el control de los lucrativos contratos de los countries. Al igual que las policías municipales o, en su momento, la Bonaerense II, la seguridad privada reproduce las mafias de la mano de obra desocupada y ocupada.

Un programa

El recule de los K tiene razones contantes y sonantes. En la disputa con Scioli por el PJ bonaerense necesita no chocar con el modelo de varios intendentes. No se trata solamente de Sergio Massa, abanderado de la ciudadela exclusiva del Nordelta y de la instalación de cámaras de seguridad y la policía comunal, una suerte de agencia privada municipal. Zúccaro (Pilar), Granados (Ezeiza), Mussi (Berazategui) defienden a muerte el esquema económico que concentra en un puñado de emprendimientos privados gran parte de los recursos y del territorio de sus distritos, mientras la otra mitad vive, el hacinamiento más brutal.

Exigimos un plan de obras públicas que garantice la extensión de los servicios públicos al conjunto de la población bonaerense. Los terrenos ociosos deben integrarse a un plan de espacios públicos y de viviendas accesibles para los trabajadores, no a una nueva burbuja especulativa. Un plan de transporte público, de vialidad y de seguridad, debe integrar a las organizaciones obreras de cada distrito, para fiscalizar su cumplimiento y organizarlo de acuerdo con los intereses del conjunto de la población.