Políticas

4/5/2006|944

Los campesinos quieren armarse en defensa de sus tierras


El Impenetrable chaqueño, la mayor reserva forestal y pública de la provincia, cae sistemáticamente bajo las alambradas de los invasores sojeros a razón de 7.500 hectáreas semanales. Esos capitalistas, a su vez, desalojan por la fuerza a pequeños productores, instalados allí en algunos casos desde hace décadas, lo cual resulta manifiestamente violatorio de la ley provincial 1335/03, que otorga la titularidad de la tierra pública a los campesinos y prohíbe la transferencia de esos títulos, salvo cuando se trata de padres a hijos o por dictamen del juez de sucesión.


 


El Instituto de Colonización, conducido por Roberto Cogno, pasa limpiamente por encima de esa ley y vende esas tierras públicas, como si fueran suyas, a testaferros de grandes inversores, los cuales, además, empiezan a producir un desastre ambiental irreparable en ese enorme pulmón, depredado por la soja transgénica.


 


En poder de la redacción de Prensa Obrera obran copias de varias resoluciones del Instituto, con su correspondiente documentación catastral, que disponen ventas de grandes extensiones. Por ejemplo, la Resolución 0001 del 4 de enero de 2006 enajena casi 5.000 hectáreas a nombre de Victorio Américo Gualtieri por el gracioso precio de 45 pesos la hectárea, cómodamente financiados. En definitiva, la provincia asiste a una formidable transferencia de tierras fiscales que van a parar a manos de latifundistas.


 


Esas maniobras delictivas ya funcionaban durante la gobernación de Angel Rozas y continúan durante la actual de Roy Nikisch. En verdad, empezaron hace muchos años y hay denuncias registradas desde 1987, amontonadas y paralizadas mientras el saqueo a los campesinos y la destrucción de montes para reemplazarlos por sembradíos de soja prosigue aceleradamente.


 


El mecanismo empleado por estos delincuentes es tétricamente simple. Personas procedentes de Corrientes, Tucumán, Córdoba y Salta ocupan por la fuerza cierta cantidad de hectáreas y de inmediato empiezan a topar, abrir deslindes y alambrar con una velocidad que resultaría imposible sin mucho dinero y una amplia cobertura logística y de infraestructura mafiosas. Luego, los usurpadores que han comprado esos terrenos a precios ridículos al Instituto de Colonización publican avisos en los diarios que cotizan los predios en dólares.


 


Entretanto, los campesinos de El Impenetrable — abarca los partidos de General Güemes y Almirante Brown — , instalados legalmente, se encuentran con que el Instituto se niega a recibirles los pagos por las tierras que les fueron adjudicadas. Enseguida, con la excusa de la “falta de pago”, Colonización los expulsa de sus parcelas. Es el caso, por citar uno, de Lorenzo “Cacique” Guzmán, radicado allí desde 1974 y a quien corresponde la adjudicación de 1.250 hectáreas. Ahora le dieron un plazo de 48 horas para dejar su casa y le prohibieron ingresar en su campo, que ya está usurpado por un capitalista llegado de Corrientes. En esa situación se encuentran centenares de familias.


 


Semejante asalto a mano armada — literalmente a mano armada — implica una violencia inusitada que necesariamente debía encontrar, y en efecto encontró, una respuesta en los afectados. En principio, unas 280 familias se han organizado en la Asociación Fuerza Criolla, que a su modo resiste el saqueo. Así, el 24 de abril se reunieron en asamblea en el paraje San Ceferino, a más de 155 kilómetros de Taco Pozo y a 50 de Fuerte Esperanza. Allí se exigió la inmediata adjudicación de tierras a los lugareños, tal como establece la legislación vigente, y se convocó al campesinado de El Impenetrable a armarse “aunque sea con machetes” para defender sus predios de los asaltantes. “No creemos más en las palabras”, dijeron dos asambleístas al diario Norte (25/4). “Nos mienten descaradamente”, añadió Mirta Teves, otra campesina.


 


Todo esto se combina explosivamente con la disgregación de las fuerzas políticas de la provincia. Por las razones que fuesen, el diputado justicialista Ricardo Sánchez respaldó la convocatoria campesina al armamento, por lo cual fue acusado penalmente por legisladores de los restos de la Alianza, que en medio de su crisis desgobiernan la provincia como pueden. Tal denuncia, automáticamente, se hace extensiva a los propios campesinos.


 


El Partido Obrero, por supuesto, respalda activamente cualquier medida que los campesinos chaqueños, como los de Santiago del Estero, tomen para defenderse. Tales medidas, legítimas en sí y por sí, necesitan perseguir objetivos precisos. El Instituto de Colonización no puede seguir en manos del señor Cogno ni de ningún otro delincuente al servicio de ninguna de las camarillas que lucran con la miseria de los trabajadores del campo y de la ciudad.


 


El problema de fondo persistirá mientras los campesinos de El Impenetrable y de toda la provincia no tengan en sus manos, junto a los obreros, la gestión del Instituto y lo transformen en una organización de defensa de los trabajadores.


 


Así podrá comenzarse de la mejor manera la lucha por hacer realidad aquella vieja consigna tantas veces bastardeada: “La tierra para quien la trabaja”.