Amado Boudou irá a juicio oral por falsificar los papeles de un auto de alta gama para estafar a una ex esposa en un juicio de divorcio. En medio de la corrupción galopante y fuera de control de la camarilla K, ese dictamen de la Cámara Federal es algo así como condenar a un asesino porque no se quitó el sombrero al entrar en la casa del asesinado. Sin embargo, aun por una causa menor, esa decisión judicial es todo un anuncio: el cerco contra el gobierno avanza en los tribunales, y no sólo en Comodoro Py.

“Es difícil predecir qué pasará en enero. Será mejor para ellos que se sienten a negociar”, amenazó hace una semana Paul Singer, la cabeza más visible de los fondos buitre que litigan contra la Argentina en juzgados norteamericanos (la referencia al primer mes de 2015 señala la posibilidad de que la Casa Rosada y el Ministerio de Economía busquen un acuerdo con los holdouts en enero, cuando ya no esté vigente la cláusula Rufo, que habría obligado a renegociar también con los tenedores de bonos que aceptaron los canjes anteriores).

Ahora, la preocupación más oscura del gobierno no está puesta en el jugado neoyorquino de Thomas Griesa, sino en los tribunales de Las Vegas, Nevada, donde el juez Cam Ferenbach tiene en sus manos el pedido buitre de que se saque a la luz pública la ruta del dinero K; es decir, las vías utilizadas por el gobierno y sus testaferros (Lázaro Báez el primero) para lavar la plata mal habida. El viernes 12, Ferenbach tomó una medida que produjo iracundia en Olivos: no sólo autorizó a los abogados de las partes a revisar los expedientes que guardan registros del movimiento de 123 empresas fantasma de Báez en los Estados Unidos (el primer y principal centro de lavado del mundo, digamos al pasar); además, decidió permitir que el periodismo husmee en esas fojas y, colmo de males para los K, autorizó a la abogada del periodista Jorge Lanata a ser parte del debate judicial.

 

Buitres y otras especies

El fondo buitre NML, propiedad de Paul Singer, usó a fondo su aparato de inteligencia y presentó en la corte de Nevada documentos probatorios de transferencias multimillonarias de esas empresas de Báez entre Estados Unidos, Panamá y las islas Seychelles, junto con otras transacciones oscuras. El juez Ferenbach habló en su momento de “trío siniestro” en referencia a Néstor y Cristina Kirchner y a Lázaro Báez.

Los holdouts señalan lo que cae de maduro: esas empresas de Báez son parte de un esquema empleado por los K para lavar dinero. Por eso, los buitres quieren embargarlas para cobrar sus bonos. En verdad, el dinero que podrían obtener de ese embargo no tiene mayor significancia en relación con el monto total demandado, pero resultaría obviamente devastador para la camarilla K por las consecuencias políticas y penales que tendría el procedimiento. 

Se trata de una extorsión eficaz porque tiene un amplísimo campo para desenvolverse.

En ese sentido, el que Ferenbach permita a Lanata discutir qué partes del expediente se harán públicas ya es una medida aplastante contra el gobierno. En este cuadro, la advertencia de Singer se convierte en una amenaza extorsiva explícita: “Mejor para ellos que se sienten a negociar”.

La ofensiva judicial en todos los frentes, aquí y en los Estados Unidos, recrudeció después de que el gobierno sugirió que podría eludir una negociación con los buitres a partir de enero, aunque desde hace cinco meses los K discuten con ellos los términos de esa negociación por intermedio de Dan Pollack, el mediador designado por Griesa. Pero en cuanto Kicillof y compañía quisieron presionar un poco les cayó encima este alud.

Aferrados a ese chantaje, los buitres exigen la rendición del gobierno. Para lograrla tienen a Bonadio, a Griesa y a Ferenbach, pero sobre todo al desmadre económico y las tendencias de lucha contra el ajuste en marcha y el que se intenta.