La Iglesia Católica ha salido a atacar los proyectos de ley que reglamentarán la disciplina en los colegios secundarios de la Capital Federal, por medio de Consejos de Convivencia consultivos integrados por docentes, alumnos y padres.

Libre, pero con subsidios

Para la Iglesia, los proyectos “son una intromisión autoritaria que no respeta la autonomía de gestión” (Clarín, 23/4). La Iglesia rechaza la participación estudiantil en los Consejos (Página 12, 23/4).

Pero, según la legislación actual, que fue fogoneada por la propia Iglesia, los colegios privados y confesionales forman parte de la “educación pública de gestión privada”, es decir que funcionan con subsidios públicos. Solamente en la Capital, la Iglesia recibe en concepto de subsidios 115 millones de pesos anuales sobre un presupuesto educativo total de 850 millones (ídem).

Es decir que, cuando se trata de cobrar los subsidios, la Iglesia saca a relucir su carácter “público”, pero a la hora de tener que acatar una normativa pública defiende su condición “privada”. Esto demuestra el carácter antisocial de la educación privada.

Los Consejos de Convivencia

Sin embargo, en los Consejos de Convivencia que rechaza la Iglesia se mantienen las sanciones a los estudiantes, como ser los apercibimientos, las suspensiones y hasta la expulsión (La Nación, 22/4). El rector conserva el monopolio para dictar las sanciones.

La participación estudiantil en los consejos, lejos de representar un avance democrático, apunta a cooptar al movimiento estudiantil y a sus organizaciones al estado patronal. Es un mecanismo de buchoneo.

La vida de los colegios no debe ser regida por el Estado capitalista que quiere destruir la educación pública. Deben ser los estudiantes junto al movimiento docente los que fijen los criterios de organización de la educación, a partir de las necesidades que plantea el desarrollo de la lucha en defensa de sus reivindicaciones contra el Estado.

De la Rúa y la Legislatura van a capitular

Ni bien se conocieron los reclamos de la Iglesia, De la Rúa aclaró que no hará nada que “perturbe el funcionamiento de los colegios” (Página 12, 23/4); la Legislatura invitó a Bergoglio a la Comisión de Educación para buscar un consenso. El diputado Bravo, que preside dicha comisión, dijo que ya habían recibido al Clero y que las modificaciones que planteaban “nos parecían razonables” (ídem). Como ya sucedió con la eliminación de los edictos policiales, está claro que la Alianza va a capitular frente a los reclamos de la derecha.

La presión de la Iglesia no se limita a los regímenes de disciplina sino que quiere que se dicte educación confesional en los colegios del Estado (ídem), como ocurre en varias provincias.

Planteamos: fuera la Iglesia de la educación; gobierno tripartito de estudiantes, docentes y no docentes.