Los curas necesitarían educación sexual

El obispo Héctor Aguer habló por toda la Iglesia cuando embistió contra los contenidos de un manual de formación docente sobre educación sexual, un compendio de diversos artículos editados por el Ministerio de Educación y el de Salud. Presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica, Aguer acusa al manual de “ateo” y de padecer “inspiración neomarxista”, inducir a la fornicación “lo más temprano posible y sin olvidar el condón” y de presentar la sexualidad “como una construcción histórica y sociocultural”. Semejantes aberraciones autorizarían a que los humanos hagan “con su bíos lo que quieran, incluso hasta transformarlo según sus fantasías y sus trastornos de personalidad”, libertades que “otorgan carta de ciudadanía a la homosexualidad y sus variantes”. La inclusión de nociones sobre la “desigualdad de género” expresaría una “imposición totalitaria del Estado” a través de una teoría que “detesta la distinción y la complementariedad de los dos sexos y, con el propósito de liberar a la mujer, la masculiniza y destruye su femineidad”, desconociendo, dice Aguer – aquí llegamos–: “la vocación maternal que es propia de la condición femenina, de su genio, y que constituye su gracia peculiar”.

“El ‘empoderamiento’ de la mujer, como superación de las relaciones hegemónicas de poder, implica introducir la potencia destructiva de la dialéctica en el seno de la familia”, se exaspera el prelado, que ve en el texto “una velada amenaza a la libertad de enseñar y aprender la verdad” ya que “resulta una especie de religión secular, ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo.” Jorge Videla no lo hubiera dicho mejor: sólo faltan los subversivos.

Qué busca la Iglesia

La embestida de Aguer coincide con que en muchos distritos –Capital, entre ellos– se está discutiendo cómo implementar la Ley de Educación Sexual en la escuela media. Como el manual ya es usado públicamente en el NOA desde 2007, cabría preguntarse si la Iglesia no apeló a lo que tuvo a mano para marcarle la cancha al flamante ministro. Si así fuera, lo logró ampliamente: en vez de mandar al cura a la sacristía, el ministro Alberto Sileone contestó que se limita a cumplir la ley y que el Manual no es neomarxista ni ateo, dios nos guarde. “Nosotros somos el Ministerio de Educación y sostenemos la enseñanza de valores”, dijo. La aludida “enseñanza de valores” es el alias con que la Iglesia identifica el matrimonio, la castidad, la prohibición de los anticonceptivos, de la homosexualidad, etcétera (Página/12, 30/7). Sileoni y Aguer son viejos conocidos: el actual ministro fue “el principal negociador con las provincias de los lineamientos básicos curriculares para la educación sexual integral, aprobados por todas las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Educación. Ese programa constituye el piso mínimo que debe llegar a las aulas, tanto públicas como privadas, religiosas y no confesionales, de acuerdo con los niveles educativos” (Página/12, 5/12/08).

Una de las autoras del manual, Marta Weiss, recordó que “la ley de educación sexual fue consensuada con la Iglesia” y ofreció pruebas de sus amables vínculos: “La reacción me sorprende, yo misma he sido llamada por escuelas católicas, a través del ministerio, para que explicara los alcances y la implementación de la Ley de Educación Sexual. Claro que la Iglesia no es una institución monolítica, y Aguer representa sólo uno de sus sectores”, dijo. El lavado de cara es fallido: Aguer actúa con el expreso aval del Episcopado, que informó que el cura habló “en tanto presidente de la Comisión del Educación de la Iglesia Católica, no como obispo diocesano” (La Nación, 30/7).

Estamos ante una nueva avanzada de la Iglesia en el terreno de la educación sexual y, más en general, de toda la educación. El manual es usado exclusivamente para capacitar docentes, con lo cual cae el cuento eclesiástico de “los niños y sus padres”. Lo que quiere Aguer es que la Iglesia meta baza también en la formación docente, que el Estado adopte como propio el index vaticano. La Iglesia exige más ingerencia en la política educativa, ya no le alcanza con los chicos, va también por los profesores. El gobierno, incapaz de defender las prerrogativas de un Estado laico, ha vuelto a capitular.

Los docentes y los alumnos, a través del debate franco y democrático, son los que pueden convertir el mamarracho conciliador pergeñado por curas y funcionarios en una herramienta útil para la prevención del embarazo adolescente, de las enfermedades de transmisión sexual y para construir vínculos más solidarios y fraternales entre los dos sexos. La denuncia del avance del oscurantismo clerical en la educación, y de la adaptación del gobierno al clero, son buen punto de partida para impugnar todas las otras opresiones que impone este régimen social a la juventud y a todos los explotados, en la cama y en todas partes.

Olga Cristóbal