En 1996 una Constituyente dirigida por los centroizquierdistas progresistas aprobó un capítulo “De los derechos políticos y participación ciudadana”, que fue presentado como la última palabra en materia de democracia popular. Uno de ellos es el “derecho de iniciativa”, que autoriza la presentación directa de proyectos de ley por la ciudadanía. Para efectivizarlo se debe contar con el aval del uno y medio por ciento del padrón electoral. Hasta ahora no se trató ninguno, y no porque faltaran tentativas: cuando el sindicato docente Ademys presentó, en octubre pasado, en regla, un proyecto de blanqueo salarial, el Tribunal de la Ciudad, después de semanas de estudio, impugnó algunos centenares de firmas y declaró vencidos los plazos.