Kirchner y sus ministros han hecho uso y abuso de los medios de comunicación para atacar al movimiento piquetero e incluso al Partido Obrero.

Pero se niegan a confrontar esos ataques en un debate.

Se encabritan contra un movimiento de los que nada tienen, mientras reparten subsidios generosos a los capitalistas y anuncian una asociación privada-estatal para que esos capitalistas se llenen los bolsillos y el Estado responda por las pérdidas.

Toda la plata para los ricachones

Han metido a un hombre de la Bolsa, Luis Corsiglia, en la vicepresidencia del Banco Central.

El hombre ya anunció que utilizará las reservas del país para financiar a los contratistas de las obras públicas.

No les alcanza con el superávit fiscal de 20.000 millones de pesos al año.

A los desocupados, sin embargo, les niega un subsidio de 350 pesos porque, como dice La Nación (23/8), sublevaría a los que trabajan en negro por 200 pesos al mes.

Políticos sin votos

El hombre que arregló con Duhalde para llegar al gobierno, porque él no tenía más que un 6% en la intención de votos, se atreve a hablar de representatividad electoral.

Para conseguir votos necesita del poder corruptor del aparato estatal, que está todo volcado a su servicio para las próximas elecciones.

Es incapaz de enfrentar una lucha electoral de igual a igual.

Sus ministros están aún peor que él, porque se la pasan cambiando de sello electoral en forma constante.

Anduvieron con Menem, con Cavallo, con Duhalde y ahora tienen que conchabar a intendentes y gobernadores corruptos, como única manera de obtener, dicen, “una victoria digna”.

Quién perjudica a quién

Este gobierno sin autoridad real alega que el movimiento piquetero interrumpe el tránsito; que los trabajadores de la salud abandonan a los enfermos; que los maestros dejan a los chicos sin clases.

Pero si no fuera por los que luchan, las ‘víctimas’ del corte del tránsito estarían pagando 4 pesos el litro de nafta o el doble seguramente las de la luz o el gas.

Si no fuera por los que luchan, el hospital y las escuelas estarían privatizados y la arancelización sería aun mayor —los enfermos y los chicos no tendrían directamente nada.

Si no fuera por los que luchan, el país todo estaría como los jubilados —rumiando la tristeza en casa a 350 pesos por cabeza.

Kirchner ya se encargará, después del 23 de octubre, de que las tarifas suban —y en serio.

Que se discuta en paritarias

El Partido Obrero desafía al gobierno.

Que convoque a una paritaria a las organizaciones de la unidad piquetera y que demuestre allí que tiene una metodología efectiva para encarar los reclamos de los desocupados.

Una paritaria Estado-desocupados es un derecho inalienable dada la completa ausencia del desempleo en las paritarias en las que participa la burocracia sindical.

Una paritaria será siempre más transparente y democrática que el clientelismo punteril de los funcionarios sociales y no tan sociales del gobierno.

El Partido Obrero le reclama al gobierno que responda sí o no a la metodología de una paritaria Estado-organizaciones piqueteras.

Si rechaza el planteo exigimos que cese de usar los recursos del Estado para atacar al movimiento piquetero.

Un reclamo de todos

El reclamo de una paritaria va también dirigido a las organizaciones obreras reconocidas, pues existe un lazo indisoluble entre la desocupación y los salarios de hambre, el trabajo en negro, y la falta de cobertura de salud y jubilación.

El Partido Obrero llama a discutir este planteo en todo congreso de trabajadores que tenga lugar.

Creemos asimismo que es el momento oportuno para lanzar la propuesta de un Congreso nacional de trabajadores en lucha para unificar una plataforma de reclamos y acciones.

Marcha única, Marcha federal

El Partido Obrero propone una Marcha Única de los trabajadores de la salud, de la docencia, del conjunto de estatales, de los sindicatos de las ramas privadas en conflicto —con la consigna común de un salario mínimo de 1.800 pesos, igual al costo de la canasta familiar.

Hagamos una Marcha Federal contra la desocupación, por un salario igual al costo de la canasta familiar, por la defensa de la educación y de la salud, y por la gestión social y productiva a cargo de los trabajadores.