A través de un proyecto presentado en el Congreso de la Nación, la bancada de diputados nacionales mendocinos de Juntos por el Cambio sale en busca de un nuevo rescate a las empresas petroleras, en este caso de las que prestan servicio en la provincia.

El proyecto elaborado por Federico Zamarbide y que cuenta con el apoyo de otros legisladores de JxC, se escuda en que se estaría empujando a la quiebra a todas las empresas mendocinas dedicadas al rubro petrolero. Justifican el pedido de este nuevo rescate argumentando que es insostenible la política del gobierno de nacional de prohibición de despidos y suspensiones “sin justa causa” y también en los altos costos que le implica a las empresas petroleras mantener los altos salarios de sus trabajadores.

Algo que falsea en gran parte la verdad, ya que, además del beneficio del precio del barril a valor criollo por encima del valor global del crudo, son sabidos en la industria los despidos hormigas que se vienen dando desde el comienzo de la cuarentena, así como también el recorte general de salarios producto del parate de la cuarentena, que en voz de los propios sindicatos se mantiene en el 70% del personal -a pesar de que muchos reanudaron tareas.

De igual modo, Cambiemos, con esta línea, le exige al gobierno nacional un nuevo rescate y busca que el Estado sostenga a como dé lugar todos los contratos con las empresas locales, estén o no en funcionamiento, garantizándole el lucro, además de presionar para que se avance con la reducción de “costos laborales”.

Esta política viene siendo impulsada en parte por el gobierno de los Fernández, que pretenden ingresar una reforma laboral que cuestiona la estabilidad laboral de los trabajadores y sus salarios, con el fin de buscar apuntalar un rubro que parece condenado a la quiebra total en el marco del sistema capitalista. La actividad es sostenida a pulmotor con subsidios y trasladando el costo de la crisis al bolsillo del conjunto de los trabajadores de la provincia y el país, pero aún así no logra recuperación alguna.

Como venimos planteando desde el Partido Obrero, debemos frenar este ataque en toda regla a los trabajadores de Mendoza y el país. Para esto es necesario el programa que venimos reclamando de imponer una nacionalización, sin pago, de toda la industria energética y que la misma quede bajo el control de los trabajadores.

Así mismo, contraponemos el proyecto de la bancada del Frente de Izquierda del impuesto a las grandes fortunas, que podría ser utilizado inmediatamente para las necesidades sanitarias y sociales que necesita el país de manera urgente, así como para promover una verdadera industrialización bajo el control de la clase obrera, para que esta crisis la paguen los capitalistas.