Alberto Fernández volvió a ocupar los titulares de los diarios a partir de sus declaraciones –reiteraciones en realidad- sobre la intención de no recibir los desembolsos que aún están pendientes del fracasado acuerdo con el FMI. Se trata de un cronograma de depósitos que roza los u$s13.000 millones, que fue interrumpido tras la corrida que siguió a la derrota de Macri en las Paso de agosto.

Acorde a la impaciencia que caracteriza a esta transición presidencial en un cuadro de quebranto nacional, han circulado por estas horas todo tipo de especulaciones. Los medios cercanos al kirchnerismo presentaron la cuestión como una certera estrategia de negociación por parte del presidente electo, orientada a mostrarse prescindente de esos dólares y por lo tanto con cierta holgura para discutir la reestructuración de una deuda que asciende a u$s44.000 millones con el Fondo. “Vuelve el desendeudamiento”, se lee en un diario de autoridad en el mundo de las finanzas.

Otros analistas, más perspicaces, han destacado que Fernández no busca otra cosa que invertir la carga del asunto, porque es en el directorio del FMI donde se resolvió mandar al freezer el programa con Argentina, tras las elecciones y sobre todo por el default encubierto –“reperfilamiento”- anunciado por el ministro Lacunza a fines de agosto. Es decir que esos fondos tampoco están disponibles, a menos que Fernández se siente a negociar un nuevo programa, para lo cual el Fondo exige un plan económico completo, que contemple el ajuste fiscal necesario para garantizar el repago.

Aparentemente, lo que buscaría Alberto Fernández es ganar un período de gracia, pateando para adelante los abultados vencimientos del próximo semestre (unos u$s15.000 millones) para negociar con menor urgencia una reestructuración –igual intención persigue el canje de las Lecaps por bonos a seis meses. El presidente electo ha reivindicado en varias ocasiones el proceder del gobierno de Néstor Kirchner, que –habiendo asumido con la deuda ya defaulteada- canceló recién en 2006 un préstamo del FMI por casi u$s10.000 millones, en efectivo y consumiendo un tercio de las reservas internacionales. Hoy, sin embargo, la deuda con el organismo cuadruplica las reservas netas que heredará el nuevo gobierno.

Como fuera, es evidente que los condicionamientos que implica un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario tonarían inviable las promesas de Alberto Fernández, a menudo contradictorias entre sí. Le pasó al propio Macri, que incumplió todos los puntos: terminó emitiendo pesos, interviniendo en el mercado cambiario, financiando la fuga de capitales y ni siquiera alcanzó la meta de déficit cero. En el caso de Fernández, la relativa autonomía que buscaría evitando firmar un compromiso con el organismo multilateral apuntaría, en primer lugar, a sostener el cepo al dólar, pero también se deriva de su mentado plan de reactivación económica a partir de estímulos al consumo.

Es que, como bien señala un informe de la consultora Ecolatina, “la mejora del poder de compra (de los salarios) y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto el año próximo: alcanzar y sostener un tipo de cambio competitivo y estable en el corto plazo permitiría conseguir los dólares necesarios para honrar los compromisos asumidos, pero entraría en contradicción con una mejora de los ingresos reales” (BAE, 22/11).

Aquí radica uno de los principales problemas con los que el nuevo gobierno se topará más temprano que tarde. La capacidad de contención alrededor del pacto social estará a prueba ante la posibilidad de la intervención de los trabajadores que vienen sufriendo la incesante desvalorización de sus ingresos. Es que, al contrario de la difundida idea sobre un congelamiento de precios, el designado titular del Indec, Marco Lavagna, pronosticó que en 2020 habrá una inflación del 40% y opinó que el dólar actual, a $62, está “atrasado” (El Cronista, 27/11). La perspectiva inflacionaria está sobre la mesa además por la posibilidad de que la deuda en pesos sea cancelada mediante emisión, y las presiones devaluatorias se derivan también de la caída en la cotización del resto de las monedas de la región (Brasil, Chile). No son pocos los economistas que sostienen que la plancha del dólar responde menos al cepo que a la apurada liquidación de las cosechas, emprendida por las patronales agrarias para evitar ser alcanzadas por una suba de las retenciones. Ya la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui (que cotiza cerca de $73) ronda el 25%, y según analistas trepará en poco tiempo al 45%.

Con todas estas contradicciones, Fernández intenta separar la negociación de los bonistas de la del FMI. “Los mercados” descuentan una quita importante en la deuda reestructurada, motivo por el cual los bonos argentinos cotizan a un 40% de su valor nominal. Fondos buitre como el yanqui Greylock Capital se encuentran agrupando en grandes bloques a los bonistas locales para negociar en mejores condiciones (Perfil, 7/11), lo cual evidencia que la quiebra argentina no deja de ser una jugosa fuente de negociados financieros a costa del país. Como interlocutor gubernamental, a la par de Guillermo Nielsen, fue seleccionado Adrián Cosentino, que se desempeñó en la Secretaría de Finanzas durante el gobierno macrista. Estamos en las vísperas de un nuevo Pacto Buitre.

La inviabilidad del esquema que promete Alberto Fernández anticipa que el pacto social será un mecanismo para maniatar a los trabajadores mientras negocian una leonina reestructuración de la deuda. La quiebra de la Argentina confirma, una vez más, la necesidad de repudiar esta usura, romper con el FMI y proceder a una reorganización social partiendo de la nacionalización de la banca. En síntesis, solo la clase obrera puede sacar al país del laberinto.