Los debates acerca de la Ley de Radiodifusión no son nuevos. Han tenido lugar bajo todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 y han corrido todos la misma suerte. La Ley de Radiodifusión vigente fue modificada en más de 120 ocasiones, siempre para favorecer la concentración de medios y la formación de multimedios.

El gobierno de Kirchner no fue ajeno a esta historia. En su momento de mayor fortaleza, cuando contaba aún con el apoyo de los grandes multimedios –y a pocos días de concluir su mandato–, prorrogó por decreto las licencias a los grandes medios por diez años (decreto 527/2005). El gobierno de los Kirchner fue, además, el que permitió la fusión entre Multicanal y Cablevisión convirtiendo al grupo Clarín en un operador monopólico del cable. La reforma de la Ley de Radiodifusión nunca estuvo en los planes de gobierno de los Kirchner.

Por este motivo, el gobierno nacional nunca pretendió dar una lucha contra los monopolios mediáticos, ni generar un proceso de democratización. La bandera de la nueva ley es agitada para plegar o neutralizar a los sectores de la prensa esquiva, como Clarín, y para favorecer la aparición de una nueva “burguesía nacional” (y extranjera) de medios.

Los diferentes foros participativos de consulta pública sobre la propuesta de proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsados por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), se colocaron detrás de esta perspectiva. Realizados por todo el país antes de las últimas elecciones legislativas, intentaron funcionar como colectoras de votos para el kirchnerismo.

La reivindicación que se hace de estos foros, en la actualidad, parte de una falacia. En ningún momento los foros tuvieron por objetivo discutir la Ley. El propio Mariotto (actual interventor del Comfer) reconoció públicamente que “aquellos aportes que coincidan con el espíritu del Ejecutivo serán incorporados”. Los propios foros no tuvieron conocimiento del proyecto del Ejecutivo: se trabajaba sobre supuestos y preproyectos no oficiales.

Las autoridades del Comfer –junto a la participación de autoridades universitarias y la presencia de organismos de derechos humanos en casi todas las jornadas–, pretendieron clausurar el debate político. En una intervención para el olvido, Hebe de Bonafini afirmó, en la Facultad de Sociales de la UBA, que quien estuviera en contra de la Ley de Medios impulsada por el gobierno, estaba con los militares y sus cómplices de Clarín. Muchos intelectuales y artistas se sumaron al proyecto oficial desde esta maniquea posición.

Las horas de aportes no sólo fueron ignoradas, sino utilizadas para darle una cobertura “popular” a una ley capitalista de medios. Hubo una participación importante de medios alternativos, pero no por apoyo a la iniciativa sino por una necesidad concreta de superar los permanentes ataques judiciales que sufren cientos de radios independientes a lo largo y ancho del país. Situación que, por cierto, podría ser superada con la firma de un decreto presidencial.

Cristian Henkel