Políticas

27/4/2020

Los grandes estudios jurídicos cordobeses insisten en reabrir todos los tribunales

Las y los trabajadores del Poder Judicial, como el conjunto del pueblo trabajador, vienen soportando el peso de la cuarentena. En ese sentido, quienes trabajan en los estudios jurídicos, en condiciones de precarización laboral, tienen una posición de mayor vulnerabilidad. La apertura total de tribunales, como vienen impulsando los grandes estudios jurídicos a través de los colegios de abogados expondría a un riesgo al conjunto de trabajadores del sistema judicial.


La Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba (Fecacor) viene impulsando levantar la cuarentena aun cuando las condiciones sanitarias no están garantizadas. Y más, cuando se sabe que también en el ámbito judicial la pandemia no afecta a todos por igual. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como el Ejecutivo provincial, están lejos de garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables. Incluso desde el propio TSJ se pretende dejar sin trabajo a 19 trabajadores contratados.


Es en este marco que el pasado 24 de abril se efectivizaron 4 detenciones en las puertas de los tribunales provinciales de Córdoba. Un grupo de abogados se manifestó públicamente por la reapertura de los tribunales provinciales, cuyos servicios se han resentido a causa de la cuarentena. Se detuvo a 3 abogados y a una mujer que se presume clienta de uno de los manifestantes.


El rechazo de la represión efectuada sobre quienes se movilizaron a tribunales, debe tener en cuenta que el accionar represivo es moneda corriente en las barriadas populares, en donde se viene imponiendo una cuarentena con hambre. Esta ha sido la orientación del Ejecutivo provincial con el aval del TSJ.


Una presentación que no contempla a las y los trabajadores judiciales


La representación del conjunto de colegios de abogados de la provincia, desde el 30 de marzo y por escrito, viene reclamando que “a partir del día 13 de abril los Tribunales de toda la provincia reabran sus puertas y comiencen con una actividad normal en cuanto a la prestación del Servicio de Justicia”. Es claro que hay estudios que tienen espalda para garantizar el sustento de sus trabajadores, cosa que no están haciendo. En lugar de eso, presionan para volver a la normalidad.


La preocupación de la Fecacor de reabrir la totalidad de tribunales refleja la presión de los principales estudios jurídicos, que emplean a una gran cantidad de jóvenes y estudiantes en situaciones de precarización y flexibilización laboral. Estos se ubican, objetivamente, en una tendencia de las patronales de todo el país que vienen reclamando que se vuelva a trabajar y se levante la cuarentena. De esta línea el gobierno de Schiaretti se está haciendo eco enteramente. Otra es la situación de los profesionales que están viendo mermar sus ingresos y para quienes las políticas del gobierno nacional son absolutamente insuficientes para costear la cuarentena.


En ese sentido, sobran los testimonios de jóvenes en los estudios trabajando en negro, con jornadas que se extienden por más de 8 horas y que muchas veces las tareas que se les imponen tienen poco que ver con el trabajo del estudio: desde hacer café, hasta pagar los impuestos personales del abogado a cargo; a cambio de salarios de miseria que se encuentran por debajo de la canasta familiar. En el caso de las mujeres que ocupan ese tipo de empleos, el ninguneo y la sobreexplotación son constantes dentro de los estudios jurídicos. 


Además, y por si esto fuera poco, los estudios han hecho uso de todos los programas de empleo del gobierno provincial como el PPP o el PIP hoy suspendidos. Por lo que los trabajadores de estos estudios se encuentran en una situación de precariedad inmensa en plena pandemia. La presentación realizada por la Fecacor no tiene en cuenta esta realidad.


Los trabajadores judiciales y los empleados de los estudios jurídicos debemos organizarnos para impedir que se exponga nuestra salud debido a las presiones patronales. Y a su vez, el Estado debe garantizar los recursos económicos para todos los profesionales que no cuenten con un sustento económico durante la pandemia.