Políticas

13/1/2005|884

Los “habilitadores” de la muerte

La larga lista que termina en Cromañón


El servicio de las habilitaciones e inspecciones municipales es el hilo conductor de grandes negociados. Cromañón, simplemente, ha desbordado un vaso inmenso.


 


Contra la niñez y la juventud


 


En febrero de 1996 –bajo la intendencia del justicialista Domínguez– la niña Marcela Iglesias muere aplastada por una escultura erigida en una galería de arte “trucha” (sin habilitación) en el igualmente “trucho” Paseo de la Infanta, un conjunto de confiterías y boliches que usurpa ilegalmente los parques públicos de Palermo. El escándalo provocado por el crimen colocó en el tapete la necesidad de clausurar estos negocios. Pero el nuevo gobierno de la Alianza –con De la Rúa en la Municipalidad y el concejal Ibarra en la Legislatura– permitió la permanencia de los usurpadores. Es que los “habilitadores” eran partícipes del negocio. La “boite” Follias pertenece al puntero radical Pablo Batalla, ex director administrativo del Teatro Colón bajo la gestión Telerman. Follias, sin embargo, funciona en tierras públicas del Club Ciudad, gracias a una cesión ilegal que ha sido largamente denunciada por organizaciones ambientalistas e, incluso, por los socios de ese club.


 


No pasaría mucho tiempo desde la muerte de aquella niña sin que el propio Ibarra –ya como jefe de Gobierno– sumara a la lista mortal un caso “propio”: en febrero de 2001, la niña Florencia Rombolá moría en el natatorio del Club All Boys. Investigaciones posteriores demostraron que el natatorio no contaba con condiciones elementales –materiales adecuados, guardavidas– para su habilitación. Pero a menos de un mes de la muerte de Florencia, el gobierno le volvió a otorgar una “habilitación precaria”, para que siguiera funcionando. ¿A quién se encubrió en este caso? A la Red Megatlón, la empresa que viene acaparando los clubes de barrio, cuyas instalaciones recibe en concesión para luego –y con la complicidad de dirigentes y funcionarios– rentarlas para prácticas deportivas sin la menor tutela médica o profesional. Un año más tarde, los padres de Florencia denunciaban la existencia de “ un acuerdo corporativo entre Megatlón y el Gobierno de la Ciudad para el uso de las flamantes instalaciones de Megatlón Belgrano” ( La Nación , 16/2/02). Es decir, un negocio entre los “habilitadores” y los verdugos de Florencia.


 


 


Los crímenes contra los ancianos


 


También en el verano de 2001, en ocasión de las inundaciones en Belgrano, la muerte de cinco ancianos ahogados en el subsuelo del geriátrico “Los Girasoles”, puso de relieve que estos lugares son, en su mayoría, verdaderos depósitos humanos. La contraparte de este “reservorio de ancianos” es el desmantelamiento de la estructura estatal de asistencia a la “tercera edad”. El Estado porteño sólo cuenta con camas para el 20% de los ancianos que las requieren. El 80% restante debe ir a parar a los establecimientos privados, sin la menor garantía de salud o higiene. Desde el episodio de “Los Girasoles” hasta hoy, el Estado porteño reformó leyes y armó unidades de “contralor”, sin afectar la reducción sistemática de la asistencia estatal a los ancianos.


 


 


“ Inspecciones” y superexplotación laboral


 


Naturalmente, los trabajadores de la ciudad fueron y son las principales víctimas de este régimen que, por un lado, “habilita” y, por el otro, pretende que “inspecciona”. La precarización laboral (incumplimiento de leyes y convenios laborales) produce los peores accidentes de trabajo. El Estado porteño es el primer empleador en negro: casi el 40% de su planta actual se compone de contratados y pasantes. Este Estado ejerce el poder de policía laboral con 50 inspectores de trabajo. A fines de 2000 se produjo un reguero de accidentes mortales en la construcción. En la zona del Bajo Flores, trabajadores y vecinos han denunciado no solamente condiciones laborales precarias, sino hasta trabajo esclavo en talleres “truchos” de confección textil, cuyas víctimas son los inmigrantes bolivianos o paraguayos. El escuálido “cuerpo de inspectores”, en el caso de Metrovías, certificó condiciones de salud y seguridad que no existían ni existen.


 


 


La “nueva filosofía” de inspecciones


 


Los progresistas de la Ciudad no tardaron en aplicar la “flexibilidad laboral” a las inspecciones cuando disolvieron la dirección de habilitaciones e inspectores, para –dijeron– “luchar contra la corrupción”. Por una parte, tercerizaron las inspecciones; la “nueva unidad polivalente” que reemplazó a los “inspectores corruptos” se integró con un registro que controlaban los colegios profesionales de la Ciudad, es decir las cliques asociadas al negocio inmobiliario. El sistema debía servir, también, para “una agilización (sic) de las inspecciones”, algo que Ibarra definió en su proyecto de ley respectivo: “con la presentación de una declaración jurada del responsable (un local o negocio) quedaría habilitado automáticamente ” ( Página/12 , 11/11/03). Esta filosofía, “amplia y flexible”, se aplicó a Cromañón. Su inspiradora fue Silvana Giudici, ex secretaria de Control Comunal y actual diputada nacional del Partido de la Ciudad (que, lógicamente, se opuso a la renuncia de Ibarra y su interpelación). Se trata de un lobby político de los capitalistas de la hotelería y el turismo que concurrió con “boleta propia” por la reelección de Ibarra en 2003. La ciudad “financiera y turística” de los Ibarra y Telerman exige la “vista gorda”, incluso porque varios de sus negocios derivados –como la prostitución y el juego– se mueven en la ilegalidad manifiesta. Es el caso del Casino “off shore”, o el turismo sexual (“debidamente llevado” en departamentos o clubes nocturnos).


 


 


Un régimen en el banquillo


 


La historia de las “inspecciones” delata, en definitiva, a un régimen que responde a intereses sociales determinados.


 


Las denuncias que aquí hacemos han trajinado los expedientes de la Legislatura y de los organismos de “control” de la Ciudad. Pero a los titulares de la Auditoría General de la Ciudad y de la propia Defensoría del Pueblo los elige la Legislatura, es decir, los partidos de Ibarra y de Macri. El “control” y las “investigaciones” del Estado son impotentes, porque están entrelazados con el conjunto del aparato estatal. Una menemista y un cavallista están a cargo, hoy, de la “defensoría” de los porteños. En ocasión de las inundaciones de Belgrano, el Partido Obrero señaló que un régimen que es incapaz de garantizar la vida de las personas se tiene que ir.


 


Aquella conclusión se ha multiplicado por doscientos.