Un informe interno del Banco Central incluido en un editorial del diario Clarín plantea que casi la mitad del sueldo bruto del trabajador se lo lleva el Estado a través de los aportes patronales, el IVA, el impuesto a las ganancias y el llamado impuesto inflacionario (Clarín, 2/10).

A un trabajador que cobra 10.500 pesos en bruto el Estado le extrae un 40.2% de su ingreso. Para un salario de 20.750 la proporción cae al 34.1%.

El informe del Banco Central no considera los impuestos provinciales y comunales. Si se los incluyera, la carga completa estaría entre el 47.5% y el 57.9% del ingreso total de una familia, dependiendo de los tramos de ingresos considerados (Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, 2016).

El informe del Banco Central no se detiene en la absoluta regresividad de la política fiscal. El llamado impuesto inflacionario castiga mucho más al trabajador que está por debajo de la canasta familiar porque su consumo se centra en alimentos, que han tenido un aumento aún más vertiginoso que el resto (desde el año 2000, se han duplicado en términos reales) y carece de protección alguna porque no puede comprarse activo alguno para cubrirse de la inflación.

Lo que ocurre con el IVA es proverbial, desde el momento que carga por igual al cobra 10.000 o al que cobra 80.000. En los aportes al sistema previsional “paga más el que cobra $6.000 o $10.000 que quienes pasan los $ 60.000”.

El origen

Jamás, en la histórica económica del país, el nivel de confiscación del Estado sobre el salario del trabajador llegó a este punto. Su origen remonta incuestionablemente a la crisis capitalista a escala mundial. El Estado mete la mano en el bolsillo del trabajador para sostener la acumulación del capital y su tasa de ganancia, para desenvolver los emprendimientos político militares a escala mundial y sostener las gigantescas deudas públicas.

Tómese el caso en nuestro propio país.

El IVA fue introducido por el tercer gobierno peronista en los albores de la crisis mundial del 74, con una tasa del 16 % sobre el consumo, para compensar la rebaja o anulación del aporte patronal a las cajas de jubilaciones. De este modo el trabajador pasó a aportar a su jubilación por doble vía, a través del aporte personal y el pago del IVA.

El mismo gobierno, a fines de 1973, planteó el impuesto a las ganancias para el trabajador asalariado y lo consideró, como lo hizo luego CFK y más tarde el gobierno actual, un tributo dirigido a lograr la “distribución de la riqueza”, es decir progresivo. En aquel momento, el impuesto a las ganancias no se convirtió en un problema político para la clase obrera porque los aumentos logrados en el período previo y un mínimo no imponible para la cuarta categoría, morigerado por una serie de deducciones, atenuó su impacto.

En la confiscación operada al trabajador a través del impuesto a las ganancias los gobiernos han cumplido con el mandato del FMI, que planteó insistentemente que los asalariados argentinos pagaban muy poco por el impuesto a las ganancias y llamó a actuar “para que se acrecentara la presión sobre quienes ya pagaban y para que más trabajadores fueran alcanzados” (La Nación, 10/12).

Al día de hoy no han sido derogadas las rebajas de aportes patronales a las jubilaciones dispuestas por Menem- Cavallo.

Dos varas

Según el último informe conocido de la Secretaría de Hacienda de la Nación sobre este punto, publicado en 2015, la recaudación por ganancias a las personas físicas creció once veces entre 2006 y 2014, contra 6.7 la recaudación de las ganancias a las empresas y 7 la recaudación total de impuestos nacionales en el período.

Así, el impuesto a las ganancias se colocó como el ítem de recaudación más importante luego del IVA y el impuesto a las personas físicas pasó del 1.2% del PBI en 2006 al 2.6% en 2014.

En oposición, el impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, en las zonas privilegiadas del cultivo de soja, tributa alrededor de $50 por hectárea. A su vez, la promocionada ley de impuesto a los dividendos de las acciones del gobierno CFK dejó intocada la mayor parte de la llamada “renta financiera”. “Gravó las transferencias de acciones y/o cuotas y distribución de dividendos de empresas que no cotizan en Bolsa…para compensar la suba del mínimo no imponible de Ganancieras. Como resultado quedaron fuera la mayoría de los activos financieros: acciones que cotizan en Bolsa y títulos públicos” (Lucio Castro, director de Desarrollo Económico del CIPPEC, www.chequeado.com).

No a los impuestos al consumo

En la era de la declinación capitalista, los monopolios y su Estado instrumentan el régimen impositivo, no solo para sostener los gastos de funcionamiento del sistema capitalista, sino para convertirlo en un instrumento de la burguesía en la lucha por rebajar el nivel del salario real y expropiar el trabajo de los sectores medios.

La lucha contra los impuestos supone una acción contra el Estado o sea una lucha de carácter claramente político. Planteamos la supresión del IVA o del impuesto al salario junto a la apertura de los libros de las empresas y el control obrero.

Es parte de nuestra historia. En la crítica al Programa de Erfurt del Partido Socialdemócrata Alemán, Engels plantea, como consigna, “impuestos…progresivos para cubrir todos los gastos en el Estado, los distritos y la comunicad, en la medida que los impuestos sean necesarios. Supresión de todos los impuestos indirectos, ya sean los del Estado, ya los locales, ya los distintos derechos…”.