El debate abierto por el anuncio del gobierno nacional de reducir lo que recibe la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal se convirtió para los intendentes pejotistas del Conurbano en un pretexto para mostrarse como leales defensores de Alberto Fernández. Asegurando que se trata de un acto de “justicia social”, los alcaldes peronistas salieron a coro a catalogar el recorte presupuestario que afectará a los porteños como una medida “solidaria”.

Pero el respaldo a este ajuste “solidario” tiene mar de fondo. Para empezar, los jefes comunales mostraron mucha más energía en defender a Fernández y a la caja de Nación que en apoyar la ley impositiva de Kicillof, de la que dependen en forma más directa. Aún más, el intento del gobernador de apropiarse del impuesto a los automotores patentados hace diez años (históricamente en manos de los municipios) había generado rispideces con los intendentes, que finalmente lograron mantener esa potestad.

Si bien finalmente el gobierno provincial tiene su norma tributaria, la pulseada dejó resquemores. Y si Kicillof y su jefe de Gabinete señalaron la dispersión política de la oposición como un obstáculo en la negociación, lo cierto es que su propia tropa había colaborado al empantanamiento inicial en la Legislatura. Ya el proyecto de Ley de Emergencia bonaerense contenía un punto conflictivo –finalmente eliminado- que establecía que todos los fondos nacionales asignados a las comunas debían pasar previamente por la administración provincial. La máxima del pago de la deuda presiona contra la distribución presupuestaria.

Es un secreto a voces que los intendentes del Conurbano esperan más de la billetera de Alberto Fernández que la de Axel Kicillof. A este último le recalcan el hecho de no haber integrado a ningún representante dentro del gabinete bonaerense. Es un contraste muy marcado, si tenemos en cuenta que nada menos que el ministro de Obras Públicas de Nación es el ex alcalde de San Martín, Gabriel Katopodis, con quien mantienen línea directa. Los medios reseñan que estas semanas se ha visto una verdadera peregrinación de jefes comunales en busca de fondos para obras. El Fondo de Infraestructura Municipal, restablecido para destrabar la votación de la Emergencia bonaerense, cuenta con escasos 2.000 millones de pesos del presupuesto provincial para repartir entre los 135  municipios, cuando las intendencias buscan garantizarse unos 10.000 millones (Perfil, 12/1).

Es una evidencia de que los vínculos de los gobiernos municipales están mucho más aceitados con la órbita nacional que con la Gobernación. Es que, además de Katopodis, otros puentes han sido tendidos desde la administración de Fernández. Dos de ellos son la designación al frente de la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior del bonaerense Avelino Zurro, así como Gustavo Arrieta fue colocado como Director Nacional de Vialidad, ambas áreas claves para los mandatarios locales y ocupadas por hombres cercanos al peronismo del Conurbano y el interior provincial. Son varios más los funcionarios nacionales oriundos del PJ bonaerense.

La tensión latente por el reparto de la caja en la Provincia de Buenos Aires es un derivado de las limitaciones que atraviesa una gestión que se ha comprometido a pagar una deuda externa que representa el 87% de los recursos, de la cual el 83% debe cancelarse en dólares. A ello debe agregarse que esos bonos fueron emitidos en su mayoría bajo jurisdicción de Nueva York, imposibilitando la ejecución de un reperfilamiento unilateral a lo Lacunza. Kicillof ya abrió una negociación con los bonistas internacionales, los cuales se agruparon para negociar en bloque una reestructuración, bajo la batuta del fondo buitre británico Greylock Capital –que compró sus títulos al 50% del valor nominal.

El ministro de Economía Guzmán, por su parte, ya descartó que gobierno nacional vaya a auxiliar a la provincia para el pago de los 570 millones de dólares que vencen antes de que termine enero, que se suman a otros bonos en pesos. Para el resto del año se cuentan vencimientos por otros 2.000 millones de dólares, mayormente dentro del primer semestre. El rescate de esa deuda implicará necesariamente choques al interior de los damnificados por el recorte de fondos, y ya son varios los que abren el paraguas.

Es el mismo trasfondo que está detrás del intento de Alberto Fernández de afectar alrededor de 35.000 millones de pesos de la coparticipación que se destinaba a la Capital Federal. Que el paquete de medidas del primer mes de gobierno apunta a evitar un default y ofrecer garantías para arribar a un acuerdo con el FMI y los bonistas lo confirma, sin vueltas, el hecho de que los bonos en pesos registran un rendimiento de hasta el 145% (Ámbito Financiero, 13/1).

Como dicen los voceros del capital financiero, la voluntad de pago no alcanza para evitar la quiebra. Las disputas por la caja estarán en el orden del día, porque el quebranto se extiende la mayoría de los distritos. La búsqueda de un vínculo directo con el gobierno nacional que permita a los intendentes puentear a Kicillof es una expresión de ello, y puede decantar tempranamente en crisis política si el gobernador no los satisface en la confección del Presupuesto 2020.

En todas las variantes, pedirán a los trabajadores que se “solidaricen” soportando el peso de esta sangría nacional. Preparemos la pelea en defensa del salario y las jubilaciones, de la salud y la educación.