Políticas

20/5/1994|419

“Los jefes no sabían nada”— es la consigna de los encubridores

Oscar Camilión, ministro de Defensa, acaba de anunciar que la investigación del asesinato de Omar Carrasco está prácticamente resuelta. “Están identificados los autores del crimen”, aseguró en la reunión del gabinete, “sólo falta resolver la cadena de encubrimientos que rodeó el caso” (Clarín, 13/5). Si se toma en cuenta que hace exactamente una semana no había un solo imputado por el crimen; que se destruían las pruebas acusatorias en el regimiento con total impunidad; que allegados al juez vaticinaban un nuevo caso “María Soledad”; y que los familiares de Omar Carrasco denunciaban el bloqueo de la investigación desde el Ministerio de Defensa y el alto mando militar; se puede anticipar que el gobierno y el cuerpo de oficiales han resuelto dar a conocer una “historia oficial” sobre el crimen del conscripto para que la cadena de complicidades que llega, hasta la Casa Rosada, quede libre de toda sospecha.


Camilión hizo su “anuncio” inmediatamente después del publicitado fallo “histórico” de la justicia militar condenando al subteniente Canevaro y el sargento Sánchez por haber “bailado” a los conscriptos del regimiento donde Omar Carrasco halló la muerte. El fallo no se propuso, como puede imaginarse, terminar con la vejación a los soldados en los cuarteles (a esas horas era internado el soldado Cepeda, de Junín, víctima de un feroz “baile” junto a otros compañeros) sino darle servida la “solución” a la justicia federal. Con el fallo, el Ejército se propone “excluir de sus filas a los elementos marginales o dicho de otro modo más cercano a la realidad ‘entregar’ al autor del crimen”, aunque para los defensores de la familia Carrasco “muchos militares que estuvieron el día de la desaparición… no alcanzarán ni a ser procesados por encubridores” (Ambito, 11/5).


Los abogados de la familia ya habían denunciado que el juicio militar era “una cortina de humo, parte del encubrimiento” (Río Negro). Incluso para La Nación, “la trama de complicidades explicaría por qué la investigación no puede ir más allá de Sánchez o Canevaro” (25/4). El alegato del fiscal en el juicio fue una pieza cuidadosamente armada para dejar impunes a los responsables y encubridores que revistan en el cuerpo de oficiales: “Canevaro actuó en la más absoluta soledad y sin el control de sus superiores…, el 6 de marzo (día de la muerte de Carrasco) no se advierte control ni presencia de sus superiores”, sostuvo “categóricamente” el fiscal, punto en el cual “hizo más hincapié” (Río Negro, 11/5).


Es decir, “los jefes no sabían nada”, aunque fueron los “jefes” máximos del regimiento y de la brigada los que denunciaron públicamente a Carrasco como “desertor”, “informaron” que el cadáver no presentaba signos de violencia y que estaba fuera del perímetro del cuartel (“en la llanura patagónica”, según el ministro Camilión). Desde la Casa Rosada y el generalato se armó una virtual conspiración de Estado para proteger el encubrimiento, destruyendo pruebas, intimidando a los conscriptos que volvieron al cuartel y sometiendo a “libertad vigilada” a los conscriptos que no retornaron, y a los cuales la “justicia” niega el licenciamiento para que no cuenten lo que saben sobre el crimen de Carrasco.


La “central de inteligencia” en acción


El fiscal denunció un “pacto de silencio y encubrimiento” entre el oficial, el suboficial y tres conscriptos “viejos” que habrían armado una “coartada en común” y serían los únicos responsables del “abuso de autoridad” (“baile”) y, en definitiva, sospechosos del asesinato. La conspiración que llevó al asesinato, el encubrimiento y el ocultamiento del cadáver de Carrasco durante un mes en el regimiento quedaría así reducida a 5 ó 6 “responsables” —el subteniente y algunos allegados actuando en “absoluta soledad”.


Para cortar toda investigación que vaya más allá de la “historia oficial” se ha montado un operativo monstruoso de inteligencia en el sur neuquino. “Tanto Cutral Có como Zapala están padeciendo una verdadera invasión de gente vinculada con distintos tipos de servicios de inteligencia, desde policiales hasta militares”. Se ocupan de averiguar “antecedentes, costumbres y rutinas de los conscriptos que están bajo amparo judicial” y “hasta han interceptado a varios chicos compañeros de Omar Carrasco” (La Nación, 9/5). La función no es sólo intimidar: “se están haciendo importantes esfuerzos por distraer la investigación” y parte de la tarea de inteligencia es “vender carne podrida a los medios” o alterar pistas (“yo no sé qué pasa pero ahora aparece sangre por todo el cuartel”, reveló el perito Enrique Pruegger).


Movilización


El gobierno y el alto mando han apresurado la decisión de ponerle “punto final” al “caso” Carrasco porque la movilización juvenil y popular por el juicio y castigo ha comenzado a cobrar fuerza en todo el país. El castigo a los conscriptos de Junín hizo temer un nuevo foco de rebelión popular y el Ejército tuvo que salir a fingir una nueva autodepuración “suspendiendo” al jefe de la unidad y  “trasladando” a los cabos supuestamente responsables del “baile”. Frente a la movilización y a la crisis en el cuerpo de oficiales, existe un verdadero pacto de socorro del alto mando de todos los partidos del “estado de derecho”. La UCR ha fijado como “política” el silencio y la desmovilización (Franja Morada no incluye el juicio y castigo entre las reivindicaciones planteadas a la movilización de la FUA para el 20). El Frente Grande se pronunció desde un principio por una “solución” de la justicia militar y civil, que es la “solución” que está en marcha y ha actuado en las movilizaciones en la línea que definió el propio monseñor De Nevares “(no) crear un clima contra las Fuerzas Armadas en general”.


Sólo el reclamo y la movilización por el juicio y castigo de los ejecutores, los responsables, los cómplices y los encubridores puede desbaratar el intento de dejar impune el crimen de Omar Carrasco y quebrar la dictadura de los oficiales genocidas sobre los cuarteles.


Por una gran marcha a Plaza de Mayo por el juicio y castigo a los asesinos de Omar Carrasco. Madres, Familiares, organizaciones combativas de derechos humanos, organizaciones juveniles, sindicales y políticas: todos deben pronunciarse y poner manos a la obra.