Se acaba de dar a conocer el valor de la canasta básica de los jubilados, que trepó hasta los $45.020 pesos contra $30.524 de hace un año, es decir que aumentó un 47,5% el costo de vida. La inflación no se toma cuarentena.

Dos terceras partes de esa canasta básica están comprendidas por el costo de los alimentos, remedios y vivienda. El resto son los gastos de higiene, limpieza, impuestos, servicios, y apenas un 3% para ocio y diversión. Sin embargo la mayoría de los adultos mayores ni se aproxima a esos ingresos, un hecho que se agrava considerando que conforman la mayor parte de los grupos de riesgo en relación al coronavirus.

En la Argentina hay alrededor de 2.500.000 de jubilados que cobran el haber mínimo de $15.892, y otros 1.300.000 que cobran Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de $12.713 y $11.124 respectivamente, según los datos del informe presentado por el defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino. Es decir que la mayoría de los jubilados cobra menos de una tercera parte de lo que necesita, con haberes que alcanzan para vivir diez días al mes u ocho horas por día.

Esta miseria de los haberes es lo que determinó la concurrencia masiva de los jubilados el primer día de apertura de los bancos, que debieron hacer colas interminables. ¿Qué dinero podían tener si debían cobrar el 20 de marzo y recién se abrieron los bancos el 3 de abril? Con este golpe a la cuarentena perpetrado por funcionarios y banqueros, se llevaba adelante también un nuevo golpe a los jubilados.

Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán dilapidan los recursos del Anses con rescates a los capitalistas, eximiendo del pago de las contribuciones patronales, utilizando los fondos del sistema previsional para financiar los Repro y compensaciones salariales, y usando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar la deuda y enchufarle títulos incobrables.

Mientras tanto, van transcurriendo los 180 días de suspensión de la movilidad jubilatoria votada por el oficialismo y la oposición patronal en el Congreso. Con esa suspensión la mínima pasó de $14.068 a $15.892 y el resto recibió un porcentaje de aumento menor aún. Los 5.000 millones de pesos que se ahorran por mes por el congelamiento de la movilidad se destina en forma directa a al pago de la deuda, tal como exige el FMI y el capital financiero.

En estas condiciones, el destino de los que más “hay que proteger” ante la pandemia va a ser miserable. Además, siguen en la picota 87 regímenes previsionales especiales conquistados en base a luchas que impusieron la consideración de tareas penosas o insalubres, y las 13 cajas provinciales.

Así, a la crisis sanitaria se suma la penuria de la desvalorización diaria de los haberes jubilatorios. Ello no puede compensarse con los magros $3.000 pesos del bono otorgado por el gobierno para quienes se encuentran la franja de la mínima, ni con los 170 remedios gratis costeados con fondos del Pami al precio de un cercenamiento de otras prestaciones como atención médica, acompañamientos o geriátricos. Sobre llovido mojado, saltó el escándalo de los sobreprecios que paga el Pami para comprar algo tan elemental como alcohol en gel.

Para enfrentar la pandemia los jubilados tenemos que organizarnos, con los recaudos que plantea la situación, para exigir un aumento inmediato de emergencia de la mínima hasta los $30.000, hacia la concreción de una jubilación que igual a la canasta básica jubilatoria de $45.020; la provisión de elementos de higiene y seguridad en los geriátricos y en los domicilios; vacunación masiva efectiva e inmediata; apertura de bocas bancarias en los barrios y habilitación del pago de los haberes en supermercados; devolución de la movilidad jubilatoria y otorgamiento integral de la movilidad en junio de acuerdo al derecho adquirido; dirección y control por parte de trabajadores y jubilados del Anses, de las demás cajas jubilatorias y del Pami y las obras sociales. No al pago de la deuda externa, no a las rebajas de aportes patronales a la Seguridad Social.