La ley que regula la medicina privada, que el lunes 16 fue promulgada por Cristina Kirchner, fue presentada como un enorme avance de los derechos de los afiliados sobre las empresas prepagas, porque impide que las empresas rechacen la afiliación de personas con enfermedades preexistentes o se les encarezca la cuota a los mayores de 65 años. Así fue presentado por los grandes medios de comunicación, en connivencia con las prepagas y el propio gobierno K.

Del texto de la ley -artículo 10- surge que “la autoridad de aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes”. De esta manera, la exigencia fundamental de las prepagas de no admitir personas con enfermedades preexistentes fue resuelta encareciéndoles las cuotas a esas personas, lo cual abre un nuevo negocio a la medicina privada.

“En el caso de las personas mayores de 65 años, la autoridad de aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos erarios”, especifica el artículo 12. O sea, las cuotas a pagar serán diferenciadas por edad, con mayores precios o tarifas para la gente adulta que requiere más atención médica.

El mismo artículo aclara que a los mayores de 65 años que tengan una antigüedad mayor a diez años “no se les puede aplicar un aumento en razón de su edad”. Esta excepción, por un lado, ratifica que la cuota de los mayores será más elevada y, por el otro, es de escasa aplicación, porque al jubilarse el afiliado a la prepaga a través de una obra social pasa al Pami, con lo que pierde la continuidad en la prepaga. Más adelante, el artículo 17 dice que la cuota de la “última franja etaria” puede ser de hasta tres veces más cara que el de la primera.

La ley añade que no habrá períodos de carencia o espera para atenderse de enfermedades contempladas en el PMO (Programa Médico Obligatorio). “Las otras modalidades prestacionales y los tiempos previstos en el contrato deben estar suficientemente explicitados en el contrato…”, es decir que tendrán períodos de carencia.

Esta enumeración bastaría para demostrar la estafa que representa esta ley, que más que regularlas les asegura a las prepagas continuar y ampliar el negocio con la salud. Pero la clave es que la ley autoriza a que las prepagas sigan recibiendo los aportes de la seguridad social, mecanismo implantado bajo el menemismo con el acuerdo de la burocracia sindical. El artículo 22 dice que las entidades que tengan “planes superadores o complementarios” deberán llevar un registro diferenciado de los aportes provistos por las obra sociales.

Esa “desregulación” concentra el negocio de las prepagas -el 70% del padrón proviene de obras sociales. Además, se sacan de encima a la gente que se jubila, que pasa al Pami (aquí no rige la “desregulación”), lo que redondea todo el negocio que se basa en tener afiliados jóvenes y de edad media, y mandar al “basurero” del Pami a los más viejos.