Políticas

29/7/1999|636

Los municipales voltean al intendente bussista

El viernes al mediodía, Paz, el intendente bussista de San Miguel de Tucumán, tuvo que renunciar luego de haber negado esa posibilidad, alegando que no se sometería a los caprichos de los dirigentes del Sindicato Municipal. Paz había estado gestionando sin suerte un auxilio para pagar los sueldos adeudados desde mayo y el medio aguinaldo. La posibilidad de un crédito gestionado por la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán naufragó por las condiciones impuestas (24% de interés, etc.). Mientras tanto, la lucha se iba radicalizando día a día motorizada por un sector de la dirigencia y por el cuerpo de delegados. Así se realizaron manifestaciones cada vez más masivas y más combativas. La última reunió a unos 3.000 trabajadores y terminó ocupando el edificio de la municipalidad luego de varias escaramuzas con la policía. Los trabajadores han anunciado que seguirán con los paros hasta que les paguen.


Agonía bussista


La caída del intendente bussista, determinó una cumbre política entre el gobernador electo, Julio Miranda; el intendente electo, Raúl Topa, y el diputado nacional radical, Alfredo Neme Sheij. En ese encuentro, el trío habría acordado rechazar la dimisión de Paz, porque se teme que lo mismo puede ocurrir con Bussi y nadie quiere que se adelante la entrega del mando hasta que no haya fondos. Topa opinó que “Paz debe cumplir con su mandato hasta el final, dijo. Neme Sheij acompañó esa posición” (La Gaceta, 31/7).


Simultáneamente, circuló la noticia de un inminente pedido de licencia por parte de Bussi. El viernes Miranda declaró que avalaría a Bussi para gestionar ayuda del gobierno nacional. Es que, en las últimas semanas, el gobierno bussista inundó la plaza con títulos y bonos, y con cheques diferidos por 13 millones de pesos. Esto permitió una nueva emisión por 16 millones para el pago a proveedores y al Subsidio de Salud. Simultáneamente ampliarían en 15 millones los bonos para pagar los sueldos y que circulan como moneda corriente. A todo esto se ha agregado la emisión de Letras de Tesorería por 30 millones. El quebranto ha llegado al punto de que la coparticipación tucumana está sobreafectada en un 121%. Miranda planteó que, para poder gobernar, necesitaría una suerte de ayuda nacional excepcional durante un año de 20 millones de pesos por mes, lo que es igual que pedir peras al olmo. Por eso ya varios analistas han declarado que al nuevo gobierno no le va a quedar otro camino que ir a un violentísimo ‘ajuste’.


Se amuchan en defensa del régimen


Mientras la crisis se agrava, los partidos patronales cierran filas. Miranda ya ha asociado a dirigentes radicales, como el legislador Alperovich para futuro ministro de Hacienda. Por otro lado, está ofreciendo diversos cargos a los dirigentes de la CGT. A su vez, el bussista Topa declaró que podría incorporar al dirigente radical Biangosh a su futuro gabinete municipal. Todo un ala del radicalismo, encabezado por Courel y el diputado nacional Neme Sheij, que cuentan con el apoyo de De la Rúa, están alentando la convergencia con el mirandismo. Aunque Campero, otro radical, planteó que expulsaría a quienes integren el gobierno de Miranda, las negociaciones hacia una coalición siguen su marcha. Courel, además, anunció también la incorporación de PU a la Alianza, luego que Parajón dijera haber llegado a un acuerdo programático con De la Rúa, y que votaría a la Alianza. Se confirma en un 100% la caracterización que hicimos de PU en relación con las recientes elecciones del 6 de junio.


Marcan el camino


Los municipales están dando un ejemplo. Llegaron a la conclusión de que cobrar sus salarios era incompatible con la permanencia del gobierno municipal y fueron a la huelga general por tiempo indefinido, tomaron la casa de gobierno del municipio y echaron al intendente bussista. La lucha sigue. Es necesario que se suspenda el pago de la deuda pública, que se impongan tasas extraordinarias a las grandes fortunas, que se abran los libros de las cuentas públicas y de la industria, y a los monopolios inmobiliarios. Es necesario, para esto, una lucha de conjunto, un plan de lucha, la huelga general para suspender por tiempo indefinido el pago de la deuda pública.