La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires acaba de aprobar, con el voto unánime de la Alianza (mayoría) y el PJ, una ley de Fondos de Fideicomiso Municipal. Presentada como salida al endeudamiento feroz de los distritos es, en realidad, una soga en la celda del condenado. El Fondo Fiduciario está compuesto por el dinero que se obtenga de la colocación de títulos públicos a 15 años de plazo, a una tasa que se estima será superior al 12%, con la garantía de la coparticipación municipal y con la posibilidad de “ceder a entidades bancarias el cobro de las tasas” (Clarín, 26/8).

 

Cesación de pagos

Según un estudio de la Alianza no desmentido, el 60% de los 327 municipios bonaerenses está en virtual cesación de pagos. Ruckauf debió pedir de urgencia al gobierno nacional la continuidad de los créditos del Banco Nación para pagar los servicios de recolección de residuos de 17 municipios bonaerenses, ante la “fuerte posibilidad de que esos créditos cayeran” por el monto de las deudas acumuladas (ídem). De la Rúa no ofreció un auxilio sino una hipoteca: créditos a una tasa anual del 12% con la garantía de la coparticipación de impuestos de la provincia de Buenos Aires.

El enorme déficit de la provincia de Buenos Aires (2.100 millones, 60% del déficit de todas las provincias argentinas) no incluye el de los municipios, por más de 1.000 millones de dólares.

 

Catástrofe

Sobre este escenario se desarrolla una catástrofe social que no escatima ninguna agresión a las masas. En el Gran Buenos Aires está la zona con mayor desempleo del país (más de 20% de desocupados plenos en el cinturón que va de Florencio Varela a Tigre), donde casi la mitad de los asalariados trabajan en negro.

La penuria del trabajador no culmina aquí.

Miles y miles de vecinos están sometidos, a su vez, a ejecuciones judiciales por no poder hacer frente a las deudas por obras de infraestructura realizadas por empresas privadas, en una operación de características delictivas. Los trabajos se hicieron sin licitaciones y con la absoluta complicidad de los gobiernos comunales. Es este hipotecamiento lo que explica las movilizaciones vecinales de Esteban Echeverría y General Rodríguez, entre otros distritos.

 

La ‘concertación’

La catástrofe social en los municipios está unida a la quiebra del aparato de ‘contención social’ y la descomposición del cuerpo de punteros del PJ. En este escenario, las intendencias y los consejos deliberantes tienden a apelar a la creación de “multisectoriales” (o Comisiones de Emergencia) con entidades empresarias y el clero.

Pero esta ‘concertación’, allí donde se construye, no tiene una sola respuesta sólida para las masas y es incapaz de superar el ‘clientelismo’ y los planes asistenciales. A dos meses de la jornada de cortes en La Matanza, la Comisión de Emergencia está en crisis: no pudo arrancar la provisión de ‘planes’ Trabajar, ni obtener el inicio de las obras públicas que debían emplear a desocupados, ni mucho menos dar un solo paso en la reapertura de las fábricas cerradas. En poco tiempo más deberán volver los cortes.

 

El PO plantea:

• Trabajo o subsidio de 500 pesos.
• 600 pesos de salario mínimo, jornada de ocho horas.
• Empadronamiento oficial de los desocupados; reparto de las horas de trabajo.
• No al Fondo Fiduciario.
• Derogación de la ordenanza 165, investigación popular de las cuentas de las contratistas y anulación de las deudas fraudulentas.
• Cobro de impuestos en los municipios bajo control de las organizaciones obreras y vecinales; impuestos progresivos y confiscatorios a la gran propiedad urbana y rural.
• Fuera los punteros de los barrios, coordinadoras de desocupados y elección de delegados por manzana.
• Congreso de delegados electos por lugares de trabajo o vivienda, activos y desocupados, en cada distrito.