En la conferencia de prensa del viernes, Alberto Fernández dijo que no le iban a “torcer el brazo”, en referencia a los sectores que presionan por un levantamiento de la cuarentena. Sin embargo, los anuncios de estos días se dirigen exactamente en esa dirección. Los gobiernos nacional, de la provincia y la Ciudad avanzan en una flexibilización del aislamiento social en el preciso momento en que se ha alcanzado el record de contagios, con 240 casos diarios el día 8.

El diario La Nación informa este sábado que el ministro de desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tuvo una reunión con cámaras empresarias, que le entregaron una serie de protocolos que servirían como garantía para poder volver a operar. Esto pese a que muchas de las empresas que actualmente están funcionando hacen caso omiso de todo protocolo, obligando a sus empleados a trabajar sin elementos de protección y sin el distanciamiento necesario. La otra condición del gobierno sería que las empresas provean el transporte, evitando el transporte público.

En la nómina de 1.000 empresas que tendría Kulfas figuran automotrices, autopartistas, químicas y petroquímicas. “Casi todas las empresas grandes del país estaban incluidas entre las preparadas para el operativo retorno”, dice el diario.

Por lo pronto, la provincia de Buenos Aires habilitará desde el lunes la reanudación de operaciones de muchas fábricas en el conurbano y permitirá también la construcción privada.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la conferencia del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, del sábado, confirmó que la flexibilización incluirá -con algunas restricciones- la construcción privada, la apertura de librerías, jugueterías y perfumerías a partir del martes, e inclusive de joyerías a partir del jueves. Larreta impulsa estas medidas cuando la situación en las villas y geriátricos se sale de control. Ya hay 470 casos en los barrios populares de la Ciudad, con la Villa 31 y la 1-11-14 como los lugares más perjudicados. Los escasos testeos realizados dieron un 60% de casos positivos (de cada 100 muestras, 60 personas estaban infectadas). El jueves se detectaron 27 casos en el geriátrico Carpe Diem, en Recoleta. Hay más de 130 casos confirmados en estos lugares.

Es importante resaltar que las medidas de flexibilización no responden a ningún criterio sanitario, sino que simplemente traslucen la presión de los conglomerados empresarios. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne los grupos más poderosos del país, emitió un documento esta semana reclamando la vuelta a la producción.

En el caso del interior del país, donde el menor ritmo de contagios se ha usado como el argumento para avanzar en la normalización de las actividades, Salta abrirá los comercios y emitió permisos para circular para 320 mil personas, que es más o menos el equivalente a la población económicamente activa de la provincia. En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti resolvió la habilitación de 250 empresas. Y en Neuquén, el mandatario Omar Gutiérrez resolvió el regreso de la actividad para casi todo el comercio y la producción.

La amplia flexibilización de la cuarentena, que en algunos casos se parece más a un levantamiento de hecho, plantea el peligro de un recrudecimiento de la enfermedad. Los apresurados levantamientos de la mayoría de los países europeos han llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a advertir sobre el peligro de un rebrote. Cuando Singapur y Japón parecían cantar victoria se produjo un rebrote que empequeñeció al original.

La estrechez de miras de los capitalistas, centrados en su beneficio económico, no sirve para afrontar un problema de la envergadura de esta pandemia. Este requiere de la intervención y deliberación de los trabajadores y del personal de la salud, que está en la primera línea de batalla contra la enfermedad.

Para todos ellos, la conferencia de prensa de Fernández-Larreta-Kicillof careció de respuestas. El presidente ni siquiera pudo asegurar si va a prorrogar el limitadísimo decreto de prohibición de despidos y suspensiones, pese a que arrecian tanto los unos como las otras.

En defensa de nuestra salud y condiciones de trabajo, luchemos por la prohibición de despidos, el pago íntegro de los salarios, por un seguro económico mensual de $30 mil para los desocupados, y por comisiones obreras y populares para controlar la esencialidad y las condiciones de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo y cada barrio.