En el Senado honorable fue motivo de “controversias” el plazo de un año, establecido por el artículo 161 de la ley de medios (la cláusula de desinversión), que obligaría a las grandes empresas a desprenderse de algunos medios para ajustarse al límite de licencias establecidas.

Mientras la “oposición” impugnó el plazo bajo la bandera de los derechos (de propiedad) adquiridos por las empresas y reclamó su extensión a dos o tres años, el oficialismo y sus aliados de centroizquierda lo defendieron en nombre de la declamada “lucha antimonopólica”.

Sin embargo, la “controversia” se agotó bien pronto: “Los tiempos –aseguró el senador kirchnerista Nicolás Fernández– los dispondrá la autoridad de aplicación… Con esto quiero decir que pasarán algunos meses para que entre en vigencia el plazo de un año” (El Cronista, 12/10). Esto significa que el plazo de un año ya se convirtió, apenas promulgada la ley, en dos, a la espera de que se conforme la autoridad de aplicación y el Consejo Federal.

Chicana va, chicana viene, los “monopolios” tendrán sus tiempos y podrán estirar la cosa hasta el próximo gobierno. El plazo de la desinversión no lo determinó el parloteo de los senadores sino la pugna entre los grandes capitalistas, los que ya están en el mercado (Clarín, Vila-Manzano, Prisa) y los que quieren desembarcar (Eurnekián, Electroingeniería, las telefónicas). Todavía queda la posibilidad de que los procesos judiciales embarren toda la cancha y la eventual revisión de la ley en la nueva Legislatura; mientras se acomoda a los grandes jugadores para el millonario proceso de ventas y compras de canales de televisión abierta y de radios. Ninguna de esas posibilidades apunta a desmonopolizar la comunicación. Y menos, claro, a su democratización.