El amenazante 7D y la muy publicitada batalla final contra el grupo Clarín han ingresado en el territorio kafkiano de los tribunales. Corpo y gobierno se trenzan en recusaciones judiciales cruzadas para manejar el desenlace. Detrás del subterfugio de la “libertad de prensa” se esconden cuestiones patrimoniales y derechos de propiedad. O sea que se trata de una disputa de orden estrictamente capitalista.

La historia puede ser simplificada. El gobierno logró apartar del juzgado encargado del tema al juez Tettamanti (lo acusa de alineado con Clarín); Julio Alak, ministro de Justicia, había dicho que Tettamanti fue nombrado por la dictadura, de lo cual se acuerda recién ahora. En nueve años, el “gobierno de los derechos humanos” nunca planteó expulsar a los jueces nombrados entre 1976 y 1983; por el contrario, los ha reciclado. La ocupación de Clarín requiere tener alineadas a todas las instituciones del Estado. Ese salto requerirá una o varias crisis políticas.

¿Qué pasará entonces el 7D? Sabbatella, que ahora preside el Afsca, todavía no aclaró sus planes. Según el diario La Nación, sin embargo, Sabbatella estaría buscando una línea de compromiso, que consistiría en obtener de la Corpo un plan de ‘desinversión’ aprobado por el Afsca. Esto le daría una salida a los grupos capitalistas amigos de los K, que también están ‘sobreinvertidos’ y necesitan armar un esquema de testaferros para adecuarse a la ley de medios.

Clarín insiste en solicitar la inconstitucionalidad del artículo que ordena la ‘desinversión’. Con mucha picardía, Magnetto ha presentado a TN como el canal del “cacerolazo” y espera un 8N masivo (algunos hablan de un millón de personas en el Obelisco).

¿Qué pasa, mientras tanto, entre los trabajadores gráficos y de prensa, en relación con este conflicto, y la clase obrera en general?

Los trabajadores de prensa y de la televisión ingresan en este conflicto neutralizados por sus direcciones sindicales. La UTPBA apoya al gobierno; la comisión interna del canal 13 del Sindicato de Televisión defiende el planteo de inconstitucionalidad de Clarín. La izquierda, que tiene presencia entre los trabajadores de prensa, apoya al gobierno contra Clarín. No le importa que se forme un monopolio oficial de medios, entre los funcionarios del gobierno y los capitalistas amigos de los K. Tampoco le importa el fracaso de la ley de medios, definitivamente incapaz de licitar el tercio de la frecuencia a los movimientos sociales. Desligan el conflicto comunicacional del carácter de clase del gobierno, que paga la deuda externa con fondos de la Anses y promociona a los monopolios mineros, y mantiene en pie el monopolio trasnacional del comercio exterior, de las privatizadas, del petróleo.

El kirchnerismo, consciente del lugar estratégico que ocupan los trabajadores, está prometiendo la “estabilidad laboral” de los empleados del grupo Clarín. Se trata de una promesa de cumplimiento imposible, por la misma razón de que el objetivo del gobierno es la regimentación de la prensa y la comunicación.

La defensa de los puestos plantea una reivindicación fundamental: el control y la gestión colectiva (responsable ante las asambleas) de los medios. No es un planteo que se pueda confinar a un medio determinado, solamente puede prosperar si es una posición común de trabajadores de prensa y gráficos, y del conjunto de los luchadores sindicales y asambleas gremiales. Está en juego el derecho al trabajo, el derecho a la libertad ideológica del trabajador de prensa, la independencia de los sindicatos del Estado y la libertad de acción frente a los gobiernos patronales.

Abramos la discusión.