Explotó la indignación de los vecinos de José C. Paz y un sector de ellos ocupó el Municipio. Cayó la gota que faltaba en el distrito para hacer rebalsar el vaso.

Un informe especial televisivo reveló que buena parte del reparto de las viviendas del distrito fue hecho a dedo por Mario Ishii, el intendente en uso de licencia. La reacción de los vecinos y la ocupación del municipio por más de un día permitieron conseguir el compromiso de las autoridades de que las 100 familias presentes obtendrán su vivienda en menos de 90 días. Sin embargo, faltan todavía centenares de vecinos que fueron estafados y que no han sido inscriptos en el Plan Federal de Viviendas.

El nuevo escándalo en que quedó envuelto el intendente es apenas la punta del témpano. El Plan Federal ha terminado siendo otro Yacyretá; es decir, un nuevo y verdadero símbolo de estafa y corrupción. Desde la patria contratista y capitalistas amigos del gobierno que han terminado siendo los principales adjudicatarios del plan; pasando por los sobreprecios, la dudosa o mala calidad de los materiales y la precariedad e improvisación en la construcción, siguiendo por la digitación en la adjudicación y terminando en la desviación lisa y llana de dinero y comisiones de por medio: el Plan Federal es un fraude, del lado que se lo mire. Pero el fiasco mayor es que luego de cinco años, apenas se completaron 115.000 viviendas; es decir, apenas el 25 por ciento de las 420.000 viviendas prometidas. El gobierno informa que hay en ejecución otras 88.000, pero es un misterio cuál es el grado de avance.

Estamos en presencia de un fracaso. Los nacionales y populares han sido incapaces siquiera de atenuar el déficit habitacional, que ha seguido creciendo en esta década y que sólo en la provincia de Buenos Aires asciende a un millón de viviendas. Este fracaso se ha verificado cuando los K se jactaban del superávit fiscal y de las tasas asiáticas de crecimiento. Con más razón, ahora, que estamos en medio de la crisis capitalista cuya consecuencia es la virtual paralización de la obra pública. Es parte integrante del ajuste presupuestario, que es la condición para un nuevo ciclo de endeudamiento de la nación y las provincias, en el que se pretende colocar los recursos presupuestarios como prenda para el pago a los acreedores. En este punto, los K no están solos. La oposición patronal no sólo viene acompañando esta orientación, sino que plantea imprimirle un ritmo más rápido y darle mayor alcance a los planes de austeridad.

Frente a este brutal atropello, planteamos:

a) que se anulen todas las adjudicaciones de viviendas hechas hasta ahora y que una comisión integrada por representantes electos en asambleas de vecinos tome en sus manos la readjudicación, privilegiando a los más necesitados. Esto no puede quedar en manos ni de Ishii ni del Concejo Deliberante cómplice y corrupto;

b) que, de ahora en más, esa comisión se haga cargo del control integral de las obras, en todas sus etapas (desde la selección de los contratistas y compra de materiales, ejecución de la obra y adjudicación);

c) no a la deuda ni al ajuste. Sí a la vivienda. Que se construyan las viviendas aún pendientes del Plan Federal y se establezca un nuevo plan de viviendas a la altura de las necesidades populares, dando trabajo a los miles de trabajadores desocupados, empezando por los anotados en el programa “Argentina Trabaja”;

d) asambleas en los barrios para definir un plan de acción para que todos los habitantes del municipio tengan su vivienda.