Políticas

23/10/2020

Los verdaderos usurpadores de tierras

Del sur a Entre Ríos.

El exministro de agricultura de Mauricio Macri y extitular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, encabeza por estos días una vigilia de productores frente a un campo ubicado en Santa Elena, Entre Ríos, en reclamo del desalojo de un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de su propia hermana, Dolores, quien donó parte de sus tierras para el desarrollo de un proyecto agroecológico en el lugar.

Los ruralistas presentaron una denuncia judicial y han montado un gran escándalo en nombre de la defensa de la propiedad privada, la Constitución, la seguridad jurídica, etc. Además, lo han tomado como un caso testigo contra toda movilización en defensa del derecho a la tierra. La Sociedad Rural de La Paz, distrito en que se encuentra Santa Elena, condenó “todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueren las motivaciones” (Infobae, 21/10). En la misma tónica inflexible, una productora de Crespo dijo que “no creemos en estos valores que porque vos tenés, tenés que dar” (La Nación, 21/10). El acampe ruralista ha incluido aprietes contra los militantes del MTE para que se retiren. Y circularon audios de whatsapp en que sus participantes los califican de “sarnosos” y anticipan cómo arriarían el personal de sus campos a la vigilia, coqueteando incluso con la idea de ir armados (nunca mejor dicho aquello de “patrón de estancia”).

Todas estas bravuconadas verbales y materiales buscan tapar una trama de aprietes, usurpación, estafas y superexplotación sobre la que los Etchevehere han cimentado su poder. En el marco de la disputa con sus hermanos, Dolores Etchevehere ha denunciado algunos de estos episodios.

Un caso muy ilustrativo tiene que ver con algunas tierras de Santa Elena. Esta localidad supo desarrollarse alrededor del frigorífico homónimo, que estuvo bajo propiedad estatal a partir de los años 80 y cerró en 1993. Como indemnización, los obreros recibieron tierras, pero sin título de propiedad. Según denuncia la página del Proyecto Artigas (el emprendimiento agroecológico que se lleva a cabo en Santa Elena), en 2004 el gobernador Jorge Busti liquida los bienes del frigorífico (incluyendo esos terrenos) y tres años más tarde los hermanos Etchevehere se quedaron con 370 hectáreas al 10% de su valor, valiéndose de contactos políticos y judiciales. En el momento, el territorio en cuestión era usado por una escuela agrotécnica, pero uno de los lotes estaba arrendado. “Juan Diego Etchevehere a la cabeza de un grupo armado, ingresaron al lugar a punta de escopeta, destruyeron los cultivos de los arrendatarios y corrieron el alambrado”, según la página mencionada.

Otra denuncia corresponde a la superexplotación de los peones rurales. En 2014, una inspección del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) descubrió en la estancia La Hoyita -que forma parte de la misma firma que el campo en disputa de Santa Elena- a los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, quienes trabajaron durante 38 años para los Etchevehere. Vivían sin agua ni luz eléctrica y cobraban 450 pesos por los más variados trabajos, “incluso desmonte o la manipulación de agroquímicos perjudiciales para su salud” (Página 12, 16/10).

Asimismo, Proyecto Artigas denuncia una maniobra de vaciamiento de una de las empresas de los Etchevehere, la Sociedad Anónima de Entre Ríos, que incluye la toma de créditos a tasas subsidiadas por el Estado para solventar la operación.

El sur

Al igual que en el Litoral, los ruralistas del sur también pusieron el grito en el cielo, pero en este caso contra los procesos de recuperación de tierras por parte de la comunidad mapuche. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se puso a la cabeza de estos reclamos, calificando a las tomas como un “delito”, pese a reconocer la existencia de un enorme problema habitacional en su provincia.

El 19 de octubre, se produjo el desalojo de una comunidad mapuche (Lof Gallardo Calfú) en la localidad de El Foyel, ubicada en el departamento de Bariloche. Desde el 15, integrantes de esa comunidad habían iniciado un proceso de recuperación de tierras, por lo que fueron calificados por el autoproclamado propietario como una “manga de vagos”. Los mapuche denuncian una estafa en 1980 contra Sixto Gallardo Calfú, quien no sabía leer y fue engañado para que firmara documentación que transfería los derechos de ocupación del lugar. Posteriormente, el Estado le asignó a su contraparte el título de propiedad.

Como este caso, se supone que hay otros tantos similares en la Patagonia. El proceso de recuperación de tierras en el sur es fuertemente hostigado por el Estado, quien actúa en defensa de los grandes grupos económicos que se apropian de la región (Lewis, Benetton, etc.). Santiago Maldonado desapareció y murió en el marco de una persecución de la Gendarmería, en agosto de 2017, cuando apoyaba la defensa de sus tierras por parte de la Lof Cushamen. Poco después, Rafael Nahuel era asesinado a balazos por la Prefectura durante el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi.

Es importante clarificar la postura del gobierno nacional actual sobre las luchas en defensa de la tierra. A raíz del conflicto en Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet afirma que se comunicó con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y que este le ratificó que el presidente “no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar” (ídem, 22/10). Esta orientación se lleva a fondo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ha desalojado numerosas tomas estas semanas y prepara la de Guernica, la más emblemática de todas ellas.

Las diatribas contra las “usurpaciones” y las tomas de tierras merecen ser refutadas, desenmascarando a los verdaderos usurpadores, es decir, aquellos grandes grupos económicos y grandes terratenientes que vienen despojando hace generaciones a las masas oprimidas de su derecho a la tierra y la vivienda, por medio de la estafa y la represión.