Lo novedoso en General Villegas, uno de los centros de la producción de la soja en la provincia de Buenos Aires, fue el apoyo de una parte de la población, aunque minoritaria, a los violadores de una niña de 14 años. Se llegó al punto de convocar una marcha bajo la consigna: “apoyemos a las tres víctimas de la injusticia. Toda la ciudad sabe la verdad”, una alusión a que la niña ejercía conscientemente la prostitución.

Con el correr de los días pudo descorrerse el telón y apreciar que la “movilización” estuvo lejos de ser espontánea.

Fue inducida por la propia cabeza política del Estado, es decir la intendencia municipal (Gilberto Alegre, miembro del PJ oficial), que planteó sin ambigüedades que “esta chica tiene una conducta precoz, si estamos hablando de bajar la edad de imputabilidad a los menores, porque a los 14 años comprenden la criminalidad de sus actos y decimos que deben ir presos, a los 15 ¿no comprenden la evolución de una relación sexual?” (declaraciones a Radio Provincia y otros medios, 14/5).

Por otra parte, en su declaración frente a la Justicia, la adolescente denunció que fue violada y que recibió amenazas de que lo ocurrido “no lo debía saber nadie” (www.urgente24.com, 29/5), lo que indica que los violadores actuaron con conciencia sobre su propia impunidad.

Lo que ha terminado por dar vuelta la versión original de los hechos es la denuncia hecha nada menos que por la concejal del PRO Rita Handorf, quien denunció que el hijo varón del intendente había protagonizado unos años antes “un hecho que había quedado tapado”, trazando un paralelo con la violación y el video que dio lugar al escándalo actual (www.villegasdigital.com.ar).

El intendente, que “en un momento decidió denunciarla penalmente”, finalmente decidió “no hacerlo” (ídem anterior). En su lugar, el Concejo Deliberante casi en pleno salió a respaldar públicamente la “honorabilidad” del intendente y el jefe de PRO en la localidad pidió la renuncia de la concejala que formuló la denuncia.

General Villegas es uno de los centros del negocio capitalista de la prostitución de adolescentes, que tiene como vías privilegiadas la ruta nacional 14, que viene de Misiones, y las llamadas rutas de la soja, atlántica y del petróleo. Hace unas horas, una joven paraguaya que había desaparecido hace un mes en Neuquén apareció muerta a golpes y con un billete de un dólar en la boca, en una acción de represalia por haber abandonado la prostitución. Hace cuatro semanas, murió María Inés Cabrol, que encabezó decenas de movilizaciones por la desaparición de su hija de 13 años, presuntamente secuestrada por la red de trata que actúa en Entre Ríos. Acaba de ser allanada la División de Trata de Personas de la Policía Federal por la denuncia de protección tarifada a proxenetas (50.000 pesos ¿por mes?) (Clarín, 4/6).

El aparato político y el de la Justicia están protegiendo mucho más que a tres violadores en General Villegas.

¿Hecho fortuito? Así como una hermosa canción de Liliana Felipe recuerda que hubo ocho millones de asesinados por la Inquisición, sobre todo mujeres, en 400 años (un promedio de 50 por día), en la provincia de Buenos Aires se produjeron 1.188 violaciones en 2009. Es decir 3.2 por día, 1 cada 8 horas, sin contar 6.817 casos de abuso (Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia). No hay detenidos.

La “justicia” ha avanzado de la mano del gobierno K y los “progresistas” en armar una política aún mayor de impunidad. Bajo Arslanian, Solá y los K, los fiscales -que los gobernadores pueden nombrar con más facilidad que un juez- son los únicos y exclusivos responsables de investigar un delito, y aún de decidir si determinada acción es un delito como auxiliar de la Bonaerense.

General Villegas habla de un régimen social que va más allá de Villegas. Organizaciones defensoras de niños acaban de hacer una denuncia pública según la cual el cura Grassi, condenado por abuso sexual, “tiene permiso de la justicia para estar en contacto con los chicos de Felices los Niños” (www.elargentino.com, 29/5).

Al día de hoy José María Narpe, Mario Magallanes y Mariano Piñero, quienes violaron a una adolescente de 14 años, la filmaron y difundieron el video por Internet y teléfonos celulares, en un hecho ocurrido hace un mes, siguen en libertad. El jefe de la policía local en General Villegas ha precisado que “nunca he dicho que estamos esperando detenerlos, porque sé fehacientemente que el abogado defensor de los acusados puede acudir a otra instancia, que es la Casación Penal… hay pasos procesales por cumplir” (www.diarioactualidad.com, 29/5).

En paralelo, el “caso” de la niña violada ha desaparecido de los diarios y “los pasos procesales por cumplir” están cumpliendo su función, que es adormecer la conciencia pública sobre el punto.

El gobernador Scioli, imperturbable, ha ensalzado su política frente a “estos hechos”, oponiéndole la creación del “registro de violadores”.