Políticas

14/6/2001

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Los voceros de la burguesía reconocen el fracaso de sus salidas

“Duplicar el salario mínimo a 400 pesos”.


No es una afirmación del Partido Obrero. Ni siquiera el planteo de alguna organización gremial. Se trata del plan “para alentar el consumo” que acaba de difundir el frepasista Enrique Martínez, secretario de Pymes, del gabinete actual de Domingo Cavallo. Martínez completa su propuesta con la implementación de “un seguro de desempleo de 250 pesos para un millón de desocupados y jefes de hogar que tengan entre 18 y 24 años”.


El planteo de Martínez fue presentado con “naturalidad” por los principales medios de prensa. Claro que sin mencionar que en la Legislatura, el Partido Obrero ha presentado hace casi un año un proyecto de ley de salario mínimo de 600 pesos, por una jornada de ocho horas de trabajo. En ese lapso, el planteo del PO ha recibido todo tipo de ataques: entre ellos, que no podría resolverse “provincialmente”, que resultaba inviable para el fisco o que no podría ser afrontado por las “Pymes” de la ciudad. El primero de los argumentos se desplomó cuando la provincia de San Luis, un mes y medio atrás, estableció un salario mínimo de 500 pesos para estatales y privados aunque, claro, canjeándolo por subsidios previsionales y fiscales a las patronales. Ahora, el propio Martínez se encarga de refutar las otras objeciones: el funcionario señala que “el proyecto no representa un costo fiscal, sino todo lo contrario” (Página/12, 7/6), ya que “1.800 millones ingresarían al fisco dada la mayor actividad económica”. Finalmente, para las Pymes que no puedan afrontar el aumento salarial, el funcionario propone “la emisión de un bono de 3.000 millones que permitirán financiar ese incremento” (ídem).


No terminaba Martínez de explicar su propuesta, cuando otro economista, Esteban Gini, la calificó como “medida tibia”, ya que “la reactivación del consumo interno sólo es posible mediante un aumento paulatino del salario mínimo en 18 meses, en tres etapas que lleven el haber a 600, 800 y 1.200 pesos, con lo que se llevaría, en dos años, a un aumento de la facturación global del 40%” (Cuarto Poder, 7/6). Gini, en este caso, se copia *sin citar al autor* del proyecto de Altamira, que plantea “un incremento semestral del salario mínimo en un 9 por ciento con el objetivo de llevarlo en un plazo de cuatro años a los 1.200 pesos” (Art. 5° del proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad). El mismo Gini añade otro planteo ya señalado por el PO: que “la suba de salarios reduce la corrupción” y “mejora la recaudación”, “en la medida que desaparece el haber en negro” (Cuarto Poder).


Que funcionarios y técnicos que forman parte del “riñón” del régimen actual levanten un planteo de aumento del salario mínimo revela, en primer lugar, el fracaso de la tentativa reactivadora de Cavallo, sostenida con diferentes subsidios y operaciones de salvataje a la burguesía y con el megacanje usurario, que bloqueará cualquier tentativa de recuperación económica en base al crédito. Pero no se trata de un fracaso ocasional, sino que viene precedido de una seguidilla de tentativas de reactivación de similar tenor (Plan Canje automotriz, blindaje). Todas estas medidas han sido complementadas con ataques al salario y a las condiciones de trabajo, comenzando por la propia reforma laboral.


Esta política no ha constituido una salida ni siquiera para los propios explotadores. La cuestión del salario mínimo, por lo tanto, está colocada objetivamente en la situación política. Ni qué decir que los cavallistas *ahora interesados en el “estímulo a la demanda”* no harán nada por el salario. El propio Martínez plantea la elevación del haber mínimo y el subsidio al desocupado como parte de una política de préstamos a “Pymes” y “microemprendimientos”. Martínez y Gini entienden que la elevación del salario mínimo obligará a un “blanqueo salarial”, por lo cual proponen que “durante dos años el Estado comparta con los empleadores las cargas sociales de los empleados”.


Frente a todo este debate, la Legislatura de la Ciudad no puede ya calificar de “extemporáneo” el proyecto del Partido Obrero, a riesgo de que la propia Legislatura termine, ella misma, “descolgada” de las cuestiones centrales que discuten todas las clases sociales del país.