08/03/2012 | 1213

Lozano apoya el asalto a las reservas internacionales

La reforma de la carta orgánica del Banco Central tiene un único propósito: garantizar con las reservas internacionales el pago de la deuda pública. Lo dice taxativamente el proyecto: el directorio del BCRA determinará el nivel de las reservas que quiere mantener e incluso calificará lo que considera como reservas -o sea que podrá incluir, en ese rubro, todo lo que le plazca. Las reservas podrán usarse entonces, en forma completamente arbitraria, para el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales y con los acreedores oficiales (Club de París y otros). Por su parte, el proyecto ratifica la vigencia del mal llamado Fondo de Desendeudamiento, que habilita el pago con reservas de las deudas con los acreedores privados. Si se aprueba el proyecto K, toda la deuda podrá pagarse con reservas, las que no tendrán ningún piso o límite para cumplir con los acreedores.

Lo que llevó al gobierno a proponer esta modificación de la carta orgánica del BCRA (tardó ocho años en darse cuenta de que estaban vigentes algunos artículos de la Ley de Convertibilidad) es que las llamadas reservas de libre disponibilidad -o sea aquellas que superan el monto de la base monetaria en pesos- son negativas. Para que sean positivas, se debería devaluar la base monetaria -o sea, el peso- o subir la tasa de interés para que vengan dólares del exterior. En ambos casos, implicaría una recesión con más inflación, lo que desataría una crisis política y financiera.

Un uso ilimitado de las reservas para servir a los acreedores abriría las puertas a una inflación galopante. Para evitar una cesación de pagos, se debería colocar nueva deuda para cancelar los vencimientos de este año. Esto es, precisamente, lo que quiere «la oposición» como Prat-Gay (representante de los fondos usureros internacionales) y lo que hacen Macri, Scioli y De la Sota, entre otros, quienes se endeudan al 10% anual (una tasa de usura) y luego ponen los dólares que reciben en el Banco Central.

La postura más tramposa es la de Claudio Lozano, quien adelantó que, con algunos cambios, apoyaría el proyecto.

«Si bien compartimos -dice Lozano- la necesidad de terminar con la actual Carta Orgánica del Banco Central y con la Ley de Convertibilidad, entendemos que sólo puede hacerse en un marco de políticas que coloquen al Estado en el centro del proceso de inversión, estableciendo en qué debe desarrollarse nuestro esquema productivo y definiendo quiénes son los actores principales de dicho proceso. Nos preocupa un proyecto oficial que deja en manos del directorio del Banco Central la definición del nivel óptimo que debieran tener las reservas, en el momento donde parecieran haberse agotado para el uso de cancelación de deuda. Parece contradictorio con los propios postulados del oficialismo que el único uso establecido en el proyecto para las reservas sea el pago de deuda a los organismos internacionales y al propio Club de París. Nada se dice de la posibilidad de utilizar reservas con el ‘objeto de financiar el desarrollo productivo’.»

Para Lozano, usar las reservas para pagar la deuda no está mal. Lo que estaría mal es dedicarlas solamente al pago de deuda. Sólo cuestiona su «único uso» para ese fin y no para utilizarlas también «con el objeto de financiar el desarrollo productivo». El planteo supone que las reservas internacionales permiten ser usadas para todo destino, cuando en realidad no alcanzarían ni para pagar la deuda. La otra «posibilidad» que conjetura Lozano no existe; es sólo el pretexto para apoyar el proyecto. «El diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, aseguró a El Cronista (6/3) que su bloque buscará en principio modificaciones al proyecto oficialista (…)».

De todos modos, ¿a qué «proyectos productivos» se refiere Lozano? A financiar pymes, las que tampoco son tales (o sea para enriquecer a un capitalista) y para otorgar dinero público a proyectos que, en el marco capitalista, pueden acabar en un ‘defol’ o en un vaciamiento. Incluso la hipótesis de un uso múltiple de las reservas implica una confiscación de la riqueza social por parte del capital.

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