Cerca de 300 personas, la mayoría mujeres y niños, ocuparon el viernes 1 de julio el predio ubicado entre las calles Santos Vega, Elizalde, Lago Nahuel Huapi, Lago Gutiérrez, Guaminí y L. Argentino, del barrio San Carlos, en Esteban Echeverría. En pocas horas, la gente fue duramente reprimida por las numerosas fuerzas de la guardia de infantería apostadas en el lugar. El desalojo se realizó sin orden judicial y sin previo aviso. Luego de la cobarde acción, los oficiales que dirigían el operativo señalaron que “no fue un desalojo”, sino “un acto de defensa” frente al supuesto ataque de un grupo de jovenes que defendían la ocupación.

Los vecinos que ocuparon los terrenos dieron una inmediata respuesta, y con la participación del resto de los vecinos, cortaron Camino de Cintura.

Los terrenos reclamados fueron prometidos durante más de diez años por el intendente Groppi, para construir una escuela y luego un nuevo hospital. Lo cierto es que San Carlos es uno de los barrios más abandonados en Esteban Echeverría y uno de los principales focos de contaminación del distrito.

Esteban Echeverría —como tantos otros distritos de la zona sur— es un paraíso para los negocios inmobiliarios. Groppi entrega las mejores tierras para lujosos countries y para la instalación de fábricas truchas, que no pagan ningún tipo de impuesto y ponen en riesgo la salud de trabajadores y vecinos. Los capos de la Cámara de Comercio también están prendidos.

Pero particularmente el problema de las tierras se ha transformado en el precioso bocado que se disputan el felipista Groppi y el PJ. El intendente, gracias a su nuevo realineamiento político junto a Solá, ha recibido dinero de parte del Programa Federal de Construcción de Viviendas para la construcción de 1.100 viviendas y la refacción de otras 1.270.

El tema es que, sin pegar un ladrillo, todo se encuentra parado. El proyecto que autorizaba la implementación del plan fue rechazado por el PJ, que tiene mayoría en el Concejo Deliberante. Según el duhaldismo, estaba lleno de errores técnicos, pero no presentó uno propio. El Municipio es un auténtico gallinero.

Los vecinos siguen en la vereda del predio esperando volver a ocuparlo. Expulsaron del lugar a los punteros del PJ e incluso han desplazado al concejal radical Leonis, quien fue a “prestar” sus servicios como abogado.

Los vecinos difundieron su reclamo a través de comunicados de prensa o en los medios radiales de la zona, y lanzarán una campaña de pintadas y de volanteadas en el barrio y en el centro de Monte Grande. Se planifica para el día lunes 11 de julio una gran movilización al Municipio y al Concejo Deliberante.

El Partido Obrero participa. Como en el caso de la contaminación con uranio, el problema de la vivienda requiere una salida política, obrera y socialista que madure por medio de estas luchas. El PO propone:

• Entrega de los terrenos a los trabajadores.

• Plan de viviendas populares bajo control obrero y de los vecinos.

• Bolsa de trabajo de los compañeros desocupados para incluirlos en el plan de obras.

• Si no hay terrenos fiscales (como dice el intendente), expropiación de los terrenos y edificios ociosos para un plan de viviendas en todo el distrito.