Lugano: luego del desalojo, emerge una profunda crisis social
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Las topadoras de Macri y Berni han dejado a centenares de familias en el más absoluto desamparo, deambulando por los paradores de la Ciudad o acampando en la plazoleta del barrio cercados por la Metropolitana. El cerco, al estilo Gaza, no permite la asistencia sanitaria ni alimentaria de las familias, tampoco el acceso de medios de prensa. En los paradores, a través de un hostigamiento sistemático, se empuja a las familias a abandonar el lugar a cambio de un subsidio miserable. En los últimos días bandas fascistas han asaltado paradores para expulsar a los vecinos desalojados. Las bandas de narcos, excusa esgrimida para el desalojo, siguen operando con el amparo de las fuerzas de seguridad y atacando a los vecinos del barrio. En numerosas escuelas de la Comuna 8 no hay clases desde el asesinato de Melina porque nadie garantiza la seguridad.
La lucha de los vecinos
A pesar de este cuadro sombrío, los vecinos no han sido quebrados. El miércoles 27 una gran movilización de vecinos y organizaciones sociales y políticas llegó a la Jefatura de Gobierno para exigir la asistencia inmediata de los vecinos y la urbanización de la Villa 20 y el barrio Papa Francisco. El gobierno se negó a recibirlos.
Anteriormente habían expuesto su situación en la Comisión de la Vivienda de la Legislatura, pero el PRO se negó a discutir la emergencia y el proyecto de urbanización del barrio Papa Francisco presentado por Marcelo Ramal y otros legisladores.
La comisión es una exasperante bicicleta para los vecinos que luchan por la urbanización de sus barrios desde hace años, y llamativamente, o no tanto, está presidida por Gentilini de PROyecto Sur. En una importante asamblea las familias desalojadas resolvieron movilizarse a la próxima reunión de comisión para hacer efectiva la discusión del proyecto de urbanización.
La responsabilidad es del Estado y sus partidos
En el barrio Papa Francisco ha ocurrido mucho más que un desalojo. Ha estallado una crisis social que se desarrolló subterráneamente desde los acontecimientos del Parque Indoamericano. No se han construido las viviendas prometidas por el gobierno nacional y el de la Ciudad y las leyes de urbanización llevan una década de incumplimiento. La suba de los alquileres en las villas -y en toda la Ciudad- empuja la toma de terrenos. La negativa a urbanizar las villas y la expulsión de sus vecinos están ligadas a la reserva de esos terrenos para la especulación inmobiliaria y sus megaproyectos. Esta negación sistemática al derecho de la vivienda engendra crisis tras crisis. Los Macri, K, Massa y Unen son el personal del capital inmobiliario y financiero y los responsables de la emergencia.
El Partido Obrero parte de esta denuncia y ha contribuido con la organización y la solidaridad con los vecinos desalojados. Marcelo Ramal ha estado presente junto a los vecinos jugando el rol de vocero de sus reclamos. Planteamos la atención inmediata de familias desalojadas, la necesidad de la urbanización de todas las villas y el derecho de los trabajadores a vivir en la Ciudad. Llamamos a poner en pie un Congreso de la Vivienda para abordar esta problemática a través un programa y un plan de lucha.
