En una nota publicada durante los primeros días del aislamiento obligatorio, exponíamos la crítica situación económica y social existente en el partido bonaerense de Luján. Allí destacábamos el crecimiento de las desigualdades sociales, la desocupación, el empleo informal, el hambre, una red de servicios urbanos que alcanza a menos del 40 por ciento de la población, el déficit habitacional y la precarización de las viviendas, el crecimiento exponencial de la deuda municipal (unos 500 millones de pesos) y un hospital municipal que padece desde hace décadas las llamadas políticas de “ajuste estructural”.

Esta realidad es el desgarrador saldo de ocho años (2011-‘19) de gobierno local de la Unión Vecinal y la alianza Cambiemos. Pero el gobierno del ex intendente Oscar Luciani ha contado con la necesaria complicidad y pasividad de las distintas fracciones del peronismo lujanense, quienes hasta diciembre de 2019 oficiaban de “oposición” en el Concejo Deliberante.

Durante la pandemia se agrava la crisis

Desde el mes de marzo venimos anticipando que la pandemia de Covid-19 agravaría este escenario crítico, golpeando principal y fuertemente a las miles de familias trabajadoras que habitan los barrios populares de la ciudad y de las localidades como Open Door, Pueblo Nuevo (Jáuregui) y Olivera.

Hace unos días el actual intendente, Leonardo Boto (Frente de Todos), expuso a la prensa local que durante el aislamiento obligatorio la recaudación estatal cayó alrededor de un 70 por ciento y que los salarios municipales de abril se pagaron “con grandes sacrificios”. Empero, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales denunciaron diversas irregularidades en el pago de los sueldos tales como la falta de “pagos de horas extraordinarias y el aumento salarial que se adeuda” (Luján en Línea, 4/5). Un dato a tener en cuenta es que mientras la masa salarial de los trabajadores municipales es de aproximadamente 90 millones de pesos mensuales, la gestión provincial de Axel Kicillof giró a finales de abril unos escasos 7 millones de pesos (El Civismo, 30/4). Es decir, que estamos ante un Estado provincial absolutamente incapaz de atender las urgencias y necesidades de sus 135 municipios.

Sin embargo, el intendente hace poco y nada para acrecentar la recaudación. Una de las pocas medidas recientes adoptadas por la gestión del Frente de Todos fue poner en funcionamiento el estacionamiento medido (usufructuando el espacio público) en la zona céntrica y en el área turística de la ciudad.

Así crece la presión recaudatoria para la mayor parte de la población local (“los llamados pequeños contribuyentes”), mientras los sectores pudientes y más acomodados gozan de una total laxitud e impunidad impositiva. Por ejemplo, los 26 barrios privados y clubes de campo registrados en el municipio adeudan más 45 millones de pesos. Empero, en estos días el Estado local limitó su intervención a solicitar que “quienes puedan paguen sus impuestos” (Ladran Sancho, 17/4).

Por su parte, las extraordinarias ganancias de las grandes empresas privadas radicadas en Luján parecen intocables y gozan de una total protección estatal. Es decir que los intereses de los grandes capitalistas siguen siendo, aún en tiempos de crisis y emergencia sanitaria, una especie de “vaca sagrada”. Para el poder político local (y nacional) ello representa un tema del que…“mejor no hablar”.

¿Qué hacer?

Es claro que no hay soluciones mágicas, pero más que nunca ante esta coyuntura es necesario colocar todos los recursos al servicio de atender la emergencia social y sanitaria. Para comenzar a revertir esta compleja y adversa realidad local se necesitan adoptar medidas extraordinarias. Es decir, un conjunto de medidas capaces de dar respuestas inmediatas a las necesidades sanitarias, sociales y económicas que padecen decenas de miles de habitantes del partido Luján.

En este marco, y como parte de una salida integral a la crisis, es necesario generar e implementar nuevos mecanismos impositivos con carácter progresivo sobre los grandes patrimonios (que sean aplicables tanto a las personas humanas como a las sucesiones indivisas), las altas rentas, la gran propiedad agraria y las viviendas ociosas de mayor valor. Esto permitiría incrementar significativamente la recaudación municipal con fondos que deberían ser utilizados exclusivamente para atender las diversas urgencias sanitarias y sociales: elaboración de material sanitario; contratación de personal de salud; aumento salarial para los trabajadores municipales, recursos para los comedores populares, etcétera.

Sin dudas, esta salida forma parte de la lucha del pueblo trabajador para poner en marcha una alternativa integral donde todos los recursos nacionales, provinciales y municipales se utilicen para atender la emergencia sanitaria y social.