El lunes 5 de abril, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que depende de la provincia de Buenos Aires, resolvió la clausura preventiva de la empresa Curtarsa. Como respuesta, los trabajadores se manifestaron el jueves 8 frente a la Municipalidad de Luján reclamando que se garantice la fuente laboral y por la reapertura de la curtiembre, acompañados por el sindicato del cuero de Luján y de Morón.

La movilización fue brutalmente reprimida por la Bonaerense con balas de gomas, dejando siete heridos. Ni el gobierno ni el municipio “productivo” toleran que los trabajadores se manifiesten en defensa de su fuente de trabajo amenazada.

Poco después de la represión salvaje, el Municipio sacó un comunicado deslindando su responsabilidad en los hechos ocurridos ese día. Una verdadera impostura. El director ejecutivo de la OPDS, José Molina, se mostró “dispuesto”, después de la violenta represión, a levantar la clausura efectuada si la curtiembre lleva adelante los programas de “readecuación” solicitados por la autoridad ambiental.

En resumen, la reacción obrera “pegó” fuerte en el gobierno, que ha actuado como un biombo de la impunidad contaminadora. Es que la provincia y el municipio, primero con el intendente Prince y ahora con Mosca –interino en reemplazo de Graciela Rosso– junto a la patronal de Curtarsa, son los responsables de años de contaminación para los trabajadores y vecinos de Jáuregui y toda la zona.

La Asamblea Ambiental, que viene luchando contra la contaminación en el distrito –y particularmente contra la acción contaminante de la empresa Curtarsa– se ha manifestado contra la represión a los trabajadores, en defensa de la fuente laboral y organizó una movilización el domingo pasado en repudio a la represión y por la garantía de los puestos de trabajo.

Es muy importante defender este principio de unidad obrera-ambiental. Para la Asamblea Ambiental, la empresa tiene que hacerse cargo completamente de los salarios de los trabajadores mientras se llevan adelante las obras y medidas necesarias.

Reclamemos que los Estados provincial y municipal intervengan para poner fin a esta negligencia criminal de la empresa -que contamina a trabajadores y vecinos- y para darle una solución definitiva a un problema que es de larga data y sigue sin resolverse.

Llamamos a movilizarnos contra la represión policial y en defensa de la fuente laboral.