Políticas

6/3/2020

Luján y los primeros noventa días de Leonardo Boto

Nada nuevo bajo el sol

Pasaron casi noventa días desde que Leonardo Boto, del Frente de Todos, asumió como intendente del municipio bonaerense de Luján. Esta nota se propone realizar un sucinto análisis sobre algunas de sus principales medidas y, al mismo tiempo, poner en superficie las características del rumbo político trazado por el reciente gobierno lujanense.


Boto recibió la intendencia de Oscar Luciani, perteneciente a la coalición Cambiemos. Luego de ocho años ininterrumpidos en el gobierno local los resultados de la gestión Cambiemos son lapidarios: un notorio crecimiento de las desigualdades sociales, del empleo informal, la desocupación y el hambre. En paralelo la deuda municipal creció exponencialmente, según fuentes oficiales a la fecha ascendería a unos 469 millones de pesos.


En sus primeros días al frente del Ejecutivo local Leonardo Boto lanzó el “Programa 180 días”. Un programa que si bien cuenta con una gran campaña de prensa en los hechos es absolutamente modesto y está muy lejos de marcar el inicio de un plan de obras públicas en pos de resolver los problemas estructurales que desde hace décadas padece la mayor parte de la población de Luján.


La realidad es que una de las primeras medidas del intendente Boto fue anunciar que incumpliría el acuerdo paritario con los trabajadores municipales. Este acuerdo había sido firmado en el último trimestre del 2019. El argumento esgrimido por Boto fue que “el Municipio se ve frente a una acuciante situación económico financiera, por lo que se ve en la obligación de efectuar un replanteo de tales compromisos” (La Voz de Luján, 28/1).


Es decir, no se vislumbra nada nuevo bajo el sol. Por el contrario, lo que se observa son viejas recetas como la implementación de políticas de ajuste y recorte salarial para que, en definitiva, el costo de la crisis la paguen las y los trabajadores. Hoy el conflicto se encuentra bajo la “conciliación obligatoria” dictada por el Ministerio de Trabajo provincial. Como contracara, en pocos días de gobierno el intendente nombró a más de cien funcionarios políticos, siendo así el staff de funcionarios “más grande que ha tenido la Municipalidad de Luján en su historia, con salarios que oscilan entre los 50.000 y los 338.791 pesos” (La Voz de Luján, 1/2).


Asimismo, el nuevo gobierno no expresó ninguna definición sobre cuál será el futuro de la Central Termoeléctrica instalada ilegalmente en Luján en tiempos de la gestión Luciani y que generó grandes movilizaciones donde miles de vecinos expresaron de manera contundente el rechazo a la planta. Hoy, el intendente y su gabinete “saben que se trata de un tema urticante y juega al distraído. Hasta el momento no se conoce ninguna medida concreta vinculada a la termoeléctrica. Hay silencio” (El Civismo, 14/2).


Por estos días el Ejecutivo local busca avanzar en la aprobación de una ordenanza denominada “Régimen de padrinazgo de bienes de dominio público municipal”, es decir la creación de un instrumento legal que posibilitará a empresas y grupos privados “auspiciar de patrocinadores” de edificios y espacios pertenecientes al Estado municipal. Así, la intendencia daría vía libre a que diversos sectores privados puedan ampliar sus negocios a expensas de comprometer y entregar parte el patrimonio público. También en las últimas semanas, en el ámbito del Concejo Deliberante, los bloques del oficialismo y la oposición (Juntos por el Cambio) negocian a espaldas del pueblo trabajador la aprobación de una “Reforma Fiscal para el saneamiento y recuperación de la sustentabilidad económica de la Municipalidad”. En un contexto donde la coparticipación provincial continuaría a la baja, seguramente la intendencia buscará echar mano al aumento de las tasas municipales sobre los “pequeños contribuyentes”.


Por último, cabe resaltar que el intendente Boto sigue los pasos de Alberto Fernández en la nación y Axel Kicillof en la provincia. Por ejemplo, en el discurso de apertura a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante Boto habló de la “necesidad de encaminarnos hacia un gran acuerdo para el desarrollo de Luján” (Tribuna del Pueblo, 1/3), es decir alcanzar una suerte de “pacto social” local cuyo objetivo primordial es el de garantizar la continuidad de las políticas de ajuste y la “sostenibilidad” de la deuda. Un ajuste que se profundiza días tras día y recae sobre la mayoría de las familias trabajadoras, en un municipio que desde hace décadas incumple con derechos básicos como garantizar un trabajo digno, el acceso a la salud, educación, vivienda y un medioambiente saludable.