El anuncio de un decreto de necesidad y urgencia sobre extinción de dominio para la recuperación y subasta de bienes del narcotráfico y corrupción, por parte de Macri, se parece mucho a la fábula del zorro puesto a cuidar el gallinero, ya que el presidente es parte de un grupo empresario -donde está involucrada buena parte de su familia- que le debe fortunas al Estado y que ha estado y está incriminada en casos de corrupción y lavado (Correo, Panamá Papers), sin que haya dado un solo paso para retornar el dinero mal habido.

Pero al mismo tiempo, está en duda la constitucionalidad de la medida, toda vez que se adopta por decreto sin ningún tipo de justificativo, cuando aún hay un trámite en curso en el Congreso. Hay también otros cuestionamientos de constitucionalidad que auguran una judicialización de la medida. Todo esto refuerza la impresión de que el anuncio del gobierno es una vulgar maniobra de campaña electoral sin alcances reales.

El decreto establece la conformación de una procuraduría en el fuero civil que trabajará en paralelo al desarrollo del proceso penal por corrupción con el objeto de la recuperación de los bienes. Esta procuraduría puede reclamar tanto bienes físicos como ingresos, rentas, y ganancias.

Pero, en la medida que se respeta a rajatabla la empresa capitalista y el secreto bancario y comercial, es más que dudoso que golpee a empresarios y coimeros, que al mismo tiempo suelen valerse de redes de testaferros para esconder el dinero mal habido. Ni hablemos que ya se encuentran debidamente protegidos, por más que el gobierno hable de recuperar bienes de la trata y el narco, aquellos capitalistas que se acogieron al blanqueo de capitales del macrismo y lavaron así dinero de dudosa procedencia.

Ni siquiera está claro que la medida pueda afectar a las propiedades de los Kirchner, dado que éstos fueron sobreseídos en 2009 en un juicio por enriquecimiento ilícito y entrarían dentro de las excepciones de la norma que establecen que no habrá confiscación en tanto el bien se incorporase al patrimonio con anterioridad a la fecha de la presunta comisión de delito o bien que haya sentencia previa en alguna causa de investigación de patrimonio (La Nación, 22/1).

La repentina impronta “anticorrupción” del presidente se produce en el marco de la investigación de los “cuadernos de Centeno”, una causa en la que están involucrados funcionarios kirchneristas junto a las principales empresas y empresarios capitalistas del país, que realizaron negocios sucios durante el anterior gobierno y el actual. En esta causa, el macrismo y la Justicia no solo despegan a los empresarios y directivos imputados de las empresas a las cuales pertenecen, las que siguen haciendo negocios libremente con el Estado, sino que estos inculpados -por la vía de la figura de los testigos colaboradores- están siendo liberados de las culpas mayores aunque no hayan aportado nada sustancial para el desarrollo de la causa. Así fueron favorecidos los capos de Techint, Roggio y otros.

Claro que entre los inculpados por la corrupción no hay solo funcionarios K. Además de lo que se ha conocido de varios ministros en funciones, que guardan su dinero en paraísos fiscales (y del primo del presidente, Angelo Calcaterra, involucrado en varias causas por corrupción), hay ejemplos múltiples de negocios espurios de funcionarios en perjuicio del Estado, como los del actual senador PRO y empresario santacruceño Eduardo Costa, de quien se conoce la compra de tierras fiscales a precios irrisorios en plena provincia de los K.

Y un recorrido exhaustivo por los “representantes de las provincias” y los grandes capitalistas del interior daría cuenta de variantes de saqueo similar: remate de tierras y recursos naturales, vaciamiento de los bancos estatales para rescatar a las oligarquías locales y desfalco de los presupuestos en favor de empresas constructoras, entre otras maniobras de corrupción y desfalco.

Una muestra de que se trata de una política de clase y que no hay diferencia de fondo entre el actual y el anterior gobierno, fue la cesión de tierras públicas a valores por debajo de los del mercado en favor de grupos como IRSA, Constantini y otros en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Cristina Kirchner estaba en el Ejecutivo nacional y Macri era jefe de gobierno. Toda la maniobra fue ejecutada por medio de un prolongado pacto entre el PRO y los K en la Legislatura porteña.

Nada de esto será alcanzado por el decreto si es que llega a aplicarse.