Es sintomático el hecho de que el macrismo termine sus días de gobierno chocando con quienes fueron su sostén. Más aún, la alianza Cambiemos ganó las elecciones en 2015 postulándose como defensora del federalismo, en oposición a los atropellos que el gobierno de Cristina Kirchner perpetraba contra las provincias. Cuando, el miércoles 21, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y los gobernadores de la oposición, la conclusión fue unívoca: el vínculo está roto.

Los mandamases provinciales pusieron el grito en el cielo ante la suba del mínimo no imponible en Ganancias, la reducción del monotributo y la eliminación del IVA en 13 productos alimentarios básicos, porque al ser impuestos coparticipables afectan los fondos que la Nación gira a los estados provinciales. Según algunos cálculos esas medidas, anunciadas por Macri en plena corrida post Paso, podrían llegar a reducir la torta fiscal en unos 60.000 millones de pesos. A ello se suma la histeria que despertó el congelamiento del precio de los combustibles que repercute en la recaudación de regalías en los distritos petroleros, como veremos más adelante.

 

Luego de la reunión, en la cual Lacunza anticipó que no está previsto ningún mecanismo de compensación, los gobernadores anticiparon que recurrirán a la justicia, lo cual ocurriría desde el lunes próximo. Eso despertó la ira de Elisa Carrió, que salió a cuestionarlos por “hipócritas”, ya que en la plataforma de Alberto Fernández figura la reducción del IVA y Ganancias pero –según reveló- durante los 4 años de gobierno de Macri siempre se opusieron a cualquier medida que afectara su recaudación. Esta reacción furibunda de los mandatarios contrasta con la disposición que tuvieron para firmar el pacto fiscal con el gobierno nacional. En aquella ocasión aceptaron eliminar progresivamente los impuestos que pagan las patronales, a cambio de un mayor ajuste, en aras de reducir lo que los capitalistas llaman “presión impositiva”. Ahora, como ningún empresario se ve beneficiado, actúan como guardianes de las finanzas provinciales, que en distinto grado están camino a la quiebra y con deudas dolarizadas.

En paralelo se desarrolla la acción de los gobernadores de las provincias petroleras ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando que dicte inconstitucional el decreto 566/19, que congela el precio de las naftas por 90 días al valor del 9 de agosto (previo a la mega devaluación). Las estimaciones que hicieron las áreas de economía de las distintas jurisdicciones arroja que Chubut perdería $1.560 millones en regalías, Neuquén unos $700 millones, Río Negro $612 millones, Santa Cruz $450 millones, La Pampa $300 millones. Hasta el gobierno oficialista de Mendoza manifestó que se “reservaba sus derechos” de recurrir a la Corte en caso de que la medida afecte más de lo estimado. Los pulpos petroleros, entretanto, amenazan con paralizar la producción y despedir miles de trabajadores. La bancarrota de las arcas provinciales y la actuación de los gobernadores en defensa de los pulpos de sus distritos ha parido la paradoja de tener a Alicia Kirchner demandando en la Corte al gobierno de Macri por implementar la Ley de Abastecimiento, luego de años de ver a los macristas rasgarse las vestiduras por la utilización que hacía Guillermo Moreno de dicha ley, cuando gobernaba CFK.

Al conflicto se suma el reclamo de varias provincias por el restablecimiento del Fondo Sojero, que también volvería a librarse en la justicia tras vencida la tregua de un año dispuesta por el máximo tribunal. Este Fondo se componía del 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a la exportación de soja, y se giraba a provincias y municipios. Fue dado de baja en 2018, a partir del acuerdo del gobierno con el FMI. Como se ve, lo que cruje es todo es esquema pactado por Macri con los gobernadores en función de implementar el ajuste fondomonetarista. El barco se hunde y cada quien busca mantener a flote su bote salvavidas.

Con estas acciones, los gobernadores se muestran como guardianes de las patronales radicadas en sus distritos, gran parte de ellas multinacionales. Por elevación, haciendo ruido alrededor de esta puja los mandatarios buscan blindarse contra el reclamo de los trabajadores estatales, que exigen aunque sea un bonito de $5.000 como el que se dispuso para los trabajadores del Estado nacional. Ni hablar de la reapertura de paritarias, un planteo elemental ante el mazazo contra los salarios de las últimas semanas. El choque con la Nación por los recursos fiscales es también una coartada para no ceder a los reclamos de los verdaderos perjudicados por la debacle nacional. Hasta cierto punto, es la fórmula que utilizaron para capitalizar en las elecciones provinciales adelantadas el descontento con el macrismo, luego de todo un mandato “garantizando la gobernabilidad”.

Alberto Fernández aprovechó la volteada para prometer que pondría a discusión el régimen de coparticipación federal, afirmando que “será una decisión conjunta con los gobernadores”. Así, Fernández desliza la posibilidad de proceder a un nuevo pacto fiscal. Su oposición al paquete de emergencia de Macri, en función no de defender los ingresos de los trabajadores sino los de los estados provinciales, anticipa qué intereses son los que guiarán esa discusión.

La crisis va dejando enseñanzas importantes. Macri explotó a su favor en 2015 un cambio de frente de la burguesía que veía en él un mejor vehículo para proceder a un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, otorgar beneficios extraordinarios para la explotación de Vaca Muerta, y un aceitamiento de la relación del gobierno nacional con las provincias. Termina su mandato con un país excluido del mercado internacional de crédito, chocando con las petroleras y con los gobernadores. Con el macrismo fracasó todo el programa de la burguesía. Alberto Fernández deberá lidiar con este fracaso, porque se propone rescatar a los acreedores y capitalistas que, en palabras de un vocero de la UIA, “están decepcionados con Macri”.