Los anuncios de Macri y Dujovne han reforzado la línea de agresión a las masas con la que el gobierno ha venido afrontando el derrumbe de su propia gestión. En primer lugar, convalidó la brutal licuación de salarios y jubilaciones que implica la megadevaluación de la moneda con un dólar a $40. Esta desvalorización de los ingresos de toda la población trabajadora –que el acuerdo con el FMI no hizo sino agravar– viene siendo el primer recurso del ajuste oficial. Luego, la reducción de ministerios constituirá la segura antesala de despidos masivos, mientras que el traspaso a las provincias del régimen de subsidios al transporte reforzará los actuales tarifazos.

El gobierno buscó encubrir estas agresiones detrás de los anuncios sobre retenciones a las exportaciones agrarias y otras, con el argumento de que “pagarán los que más tienen”. Pero los capitalistas exportadores que serán gravados son, al mismo tiempo, los grandes beneficiarios del dólar a 40$. A su turno, los impuestos a la exportación –como ya ocurriera con el kirchnerismo– serán aplicados al pago de la deuda pública usuraria.

Macri-Dujovne han presentado a la eliminación del déficit corriente del Estado argentino como la llave segura para una estabilización económica. Y fundamenta el nuevo ajustazo con la cantinela que “los argentinos gastamos más de lo que podemos gastar”. Lo que el gobierno oculta es que, por lejos, la principal razón del déficit del Estado es la carga brutal de la deuda pública, ello, mientras los argentinos vivimos con menos de lo que necesitamos para llegar a fin de mes. Lo prueba que en los primeros siete meses del año, los intereses de la deuda fueron cinco veces mayor al déficit corriente. Como resultado de la devaluación, la deuda argentina representa ya el 80% de su producto bruto y el 80% de esa deuda está en dólares, lo cual constituye una carga explosiva.

El “déficit cero” – en pesos – prometido por el gobierno no resuelve la crisis de financiamiento de la Argentina, que exige de crédito externo y en moneda dura. Es esta insolvencia de fondo –y no el déficit fiscal corriente – lo que explica la corrida cambiaria y el derrumbe económico. El macrismo, que ha hipotecado el país, se sirve de su propia quiebra para redoblar la agresión a los trabajadores. Pero esa agresión no resolverá la crisis de deuda en ciernes. El riesgo país ha trepado a los 800 puntos, mientras que los seguros contra defol han triplicado su valor en el curso de este año. Las pretendidas “salidas” que pergeña el macrismo se encuentran condicionadas por el agravamiento de la crisis capitalista internacional, uno de cuyos capítulos es la crisis argentina.

Ninguno de los anuncios resuelve, por otra parte, las contradicciones cada vez más graves del programa oficial. Entre ellas, la que emerge de un régimen de tarifas dolarizadas, el cual, con la devaluación ya ocurrida, está llevando a las gasíferas a reclamar un tarifazo del 100 al 200%. Si el gobierno lo convalida, reforzará la repulsa y reacción popular contra su régimen. Si interviene, estará chocando con sus propias promesas a los pulpos petroleros. Los anuncios tampoco aseguran que el adelantamiento de dinero que se tramitará ante el FMI sea aceptado por el organismo. El FMI ya anticipó que es sólo el garante de última instancia para la renovación de la deuda argentina, no para hacerse cargo de esa deuda ni mucho menos para financiar la fuga de capitales o el déficit comercial. En consecuencia, el “nuevo” acuerdo no evitará nuevas devaluaciones. Las medidas tampoco resolverán la crisis política, o sea la capacidad del gabinete “reducido” para pilotear la bancarrota de su propio ´plan´.

En su discurso, Macri saludó a la oposición pejotista por su “colaboración” con el presupuesto de ajuste 2019. En estos arreglos, ha participado la gobernadora Alicia Kirchner, que aplica un ajuste feroz en su provincia. Pero también la cúpula de la CGT, la cual, tras resolver el paro, fue a asociarse a Pichetto y a Massa. El Partido Obrero denuncia la complicidad de esta seudo-oposición con la política oficial, a la cual, más allá de las denuncias difusas, sostienen en su núcleo: el reconocimiento de la deuda externa usuraria, y el pacto con el FMI para sostener su pago a cuenta de la miseria de las masas, las paritarias a la baja, el robo a los jubilados y los despidos masivos públicos y privados. En definitiva, son los partidos que representan a una clase capitalista –la clase de los cuadernos, el régimen de coimas y sobreprecios– cuyos fondos afuera del país superan al del conjunto de la deuda externa argentina.

Si el plan Macri-Dujovne fracasa, esa política antiobrera querrá ser salvada a través de un gabinete de unidad nacional con el “pejota”, para rescatar a un gobierno en ruinas.

Asistimos a un nuevo episodio de la crisis económica y política del macrismo, que coloca con mayor fuerza el desafío que hoy afronta la población trabajadora: o sobrevive el régimen del FMI, de entrega nacional, tarifazos y devaluación permanente, o sobreviven las reivindicaciones más elementales de trabajadores y jubilados, la defensa del salario y el derecho al trabajo. Que se vaya Macri y el régimen corrupto de kirchneristas, macristas y pejotistas, es condición de una salida a esos intereses de los trabajadores. Ante la crisis, el Partido Obrero plantea que una Asamblea Constituyente Libre y Soberana asuma el poder político y adopte las medidas urgentes para terminar con la sangría del país: desconocimiento de la deuda usuraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, nacionalización del transporte y la industria energética.

Es necesario que los trabajadores impongan esta salida por medio de su intervención propia y de su lucha. El paro de la CGT y las CTAs, previsto para dentro de tres semanas, no se corresponde con una crisis cuya marcha –y ataques a los trabajadores– se cuentan por horas. Por un inmediato paro activo nacional de 36 horas, con movilización mediante abandono de los lugares de trabajo, como preparación de la huelga general hasta derrotar al gobierno fondomonetarista. Por un salario equivalente a la canasta familiar y la indexación de los salarios; ningún despido; duplicación de la AUH y de los programas sociales; aumento de emergencia a los jubilados hasta cubrir el costo de la canasta de adulto mayor; 82% vital y movil. Para imponer este rumbo, necesitamos un Congreso de delegados mandatados por las bases de todas las centrales obreras y sindicatos, para reunir todas las energías de lucha de los trabajadores y un programa de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.