El procesamiento de Mauricio Macri por la instalación de una red de espionaje en el aparato del Estado de la Ciudad era tan previsible como la decisión del reo de no renunciar a la Jefatura de Gobierno, ni pedir licencia hasta la terminación del juicio. Alberga la expectativa de sobrevivir por medio de una serie de apelaciones y de una contraofensiva política. Lo que la ciudadanía no sabe –y se sorprendería si lo supiera– es que el gobierno K, el centroizquierda y los aliados de Macri en la oposición ya han anunciado que no impulsarán un juicio político.

Carrió y la UCR, se pronunciaron explícitamente contra esa posibilidad. Solanas lo ha condicionado a que los camaristas confirmen el procesamiento.

Pretenden usufructuar el procesamiento todo el tiempo posible y, en el caso del gobierno, distraer a la opinión pública de sus delitos en serie –desde Skanska en adelante.

Los delitos de Macri, sin embargo, son más políticos que comunes, y constituyen una violación de los principios democráticos más elementales: el espionaje a Burstein muestra una conspiración para bloquear el esclarecimiento del atentado a la Amia.

Los K rehúyen plantear el juicio político para evitar un antecedente que los perjudique en relación con sus propias conspiraciones. Lo que el Partido Obrero reclama es la destitución de Macri y el esclarecimiento de todos los delitos económicos y políticos de los funcionarios del gobierno nacional.