En su primera cena de camaradería con la cúpula de las fuerzas armadas, Mauricio Macri blanqueó la pretensión de su gobierno de involucrar a los militares en la represión interna. Lo hizo al convocar a la “participación activa” de las fuerzas armadas “en tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”.

 

En criollo, “pobreza cero” es una impostura que oculta el ajuste, la “lucha contra el narcotráfico” es el sambenito de la militarización del país y “unir a todos los argentinos” es un guiño dirigido a los genocidas de la dictadura y sus defensores.

 

Para dejarlo claro, en su breve discurso Macri reivindicó la participación de tropas argentinas en las “misiones de paz” de la ONU en Haití y Sudán, así como el reciente envío de una delegación militar a Colombia.

 

Esta orientación enlaza los “gestos” de Macri hacia los militares, desde el decreto de “autogobierno” administrativo de las fuerzas armadas hasta los desfiles militares -Aldo Rico incluido- durante las celebraciones del Bicentenario. Los dichos de Lopérfido sobre los desaparecidos no fueron una canita al aire (no por nada sigue dirigiendo el Teatro Colón).

 

Las editoriales pro-amnistía de La Nación -si bien repudiadas in situ por sus periodistas- reflejan el reclamo estratégico de la burguesía por la recomposición y el reequipamiento de las fuerzas armadas. Para Macri, esto se convirtió en una necesidad política acuciante, habida cuenta de la estrecha base con la que debe afrontar el reciente empantanamiento económico y político de su gobierno. El plan de guerra contra las masas que prepara el macrismo -que incluye un tarifazo redoblado, el aumento de la edad jubilatoria y la liquidación del derecho laboral argentino- supone un fuerte andamiaje represivo para enfrentar una eventual rebelión popular.

 

 

La batuta de los yanquis

 

Este reforzamiento militar se desarrolla bajo la batuta del Pentágono. Poco más de un mes atrás, Kurt W. Tidd, su representante militar en el continente, visitó el país y mantuvo cuatro días de reuniones con el ministro de Defensa Julio César Martínez y los jefes de las tres armas (Tiempo Argentino, 31/7). Desde la reanudación de los acuerdos de cooperación con la DEA y el FBI, la ministra Bullrich mantiene reuniones con el Estado Mayor Conjunto para desarrollar un “trabajo coordinado para más seguridad”, como reveló torpemente en un tuit que luego borró.

 

Durante la visita de Peña Nieto, la “cooperación” en materia de “lucha contra el narcotráfico” fue uno de los principales temas de agenda. El macrismo avanza en un realineamiento con el bloque México-Colombia-Perú, donde la penetración militar norteamericana es profunda.

 

El kirchnerismo no puede desentenderse de esta orientación. La ex ministra Nilda Garré fustigó a Macri por sus dichos, pero reivindicó el apoyo logístico de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico (Página/12, 2/8). Ocurre que el kirchnerismo intentó conciliar la participación en la Unasur con la agenda dictada por el Comando Sur de los Estados Unidos, que fija como “hipótesis de conflicto” en Latinoamérica “la lucha contra el narcotráfico y la pobreza” (nada nuevo bajo el sol). En esa línea, el gobierno de CFK dispuso el patrullaje militar de las fronteras con Bolivia y Paraguay (operativos “Escudo Norte” y “Fortín II”) y en las villas, en nombre de la asistencia social (“Plan Nacional de Abordaje Integral”). Designó al genocida César Milani al frente del Ejército y lo proveyó de un abultado presupuesto para alinear al cuerpo de oficiales. El Proyecto X tenía su cabecera en Campo de Mayo, una guarnición militar. Del “apoyo logístico” a la intervención directa hay sólo un grado de distancia.

 

Convocamos a una gran movilización política democrática para derrotar este operativo reaccionario.