Tras el decreto de necesidad y urgencia de 2017 contra los migrantes, las razzias contra senegaleses, los crecientes bloqueos en los trámites de residencia y la suba sin pausa de las deportaciones, en las últimas semanas oficialistas y opositores se largaron a una competencia en materia de xenofobia, acentuada tras el triunfo de Bolsonaro.

En una conferencia de prensa brindada en Río Cuarto, Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich insistieron en la supuesta asociación entre migración y delito –refutada por numerosos informes estadísticos– para alentar la sanción de una ley migratoria más dura, que incluiría deportaciones exprés. Macri puso especial énfasis en la necesidad de discutir la “reciprocidad” que supondría que el país garantice servicios como salud y educación a los extranjeros en la medida en que haya una contraprestación de igual sentido por parte de sus países de origen.

La ligazón entre uno y otro planteo revela que detrás de la campaña de demonización a los migrantes lo que se persigue es el avasallamiento de sus derechos, como parte del ajuste más general contra la población trabajadora del país.

El planteo de la “reciprocidad” había sido desplegado ya en febrero por el gobernador radical Gerardo Morales, quien agitó que los ciudadanos de Bolivia realizaban un “tour sanitario” para atenderse en hospitales de Jujuy, a pesar de que lo cierto es que el porcentaje de pacientes bolivianos sobre el total de pacientes en la provincia se halla apenas entre el 0,5% y el 2%.

El planteo de Macri llevaría a colocar un rasero para los inmigrantes. Como el Estado argentino no tiene manera de garantizar la gratuidad de la formación o la salud en aquellos países donde estos se encuentren arancelados, la “reciprocidad” llevaría en los hechos a imponer aranceles educativos y sanitarios a los migrantes que viven en Argentina. Tal era, en efecto, la orientación de un proyecto de ley que Cambiemos presentó durante el verano pasado.

La situación de los migrantes está asociada a la de la clase obrera del país donde trabajan. La mentada “reciprocidad” apunta a consolidar una categoría inferior de trabajadores, que tendrían menos derechos en términos de atención sanitaria o educativa –incluso cuando pagan los impuestos locales, incluidos por supuesto aquellos que financian el funcionamiento del sistema sanitario y educativo y otros servicios públicos.

El Estado complementa así la superexplotación de las patronales, que aprovechan la situación de desarraigo para imponer a los migrantes trabajos peor pagos, más riesgosos y en negro. Por su parte, el intento de deportación a los cuatro extranjeros detenidos durante la manifestación contra el Presupuesto de ajuste asoma como una amenaza de cercenamiento de los derechos sindicales y políticos de los migrantes para protestar contra estas avanzadas.

El avasallamiento de los derechos laborales de los migrantes presiona a la baja sobre el salario y las condiciones del conjunto de la población trabajadora; la imposición de aranceles especiales impulsaría, de manera análoga, la privatización, el arancelamiento y los aumentos en servicios crecientemente vaciados –una orientación que ya está presente en la Cobertura Universal de Salud, el Plan Maestro en Educación y los tarifazos en el transporte, la luz, el agua y el gas– que cargan los trabajadores nacidos en Argentina.

El gobierno y sus socios opositores –como el pejotista Miguel Ángel Pichetto– despliegan esta campaña xenófoba a la vez que se comportan como los mayores entregadores del país al capital financiero internacional, votando un Presupuesto que devasta la atención del pueblo y el desarrollo nacional en función del pago de los intereses de la deuda externa.

No solo se procura fragmentar a la clase obrera residente en el país para explotarla mejor; el asunto alcanza ahora alcances continentales: con el ascenso del fascista Jair Bolsonaro en Brasil, y sus planes de reforma laboral archi-flexibilizadora, la burguesía nacional levanta el asunto como una extorsión para imponer peores condiciones a los trabajadores en Argentina.

Frente al ajuste, la persecución y el ataque a décadas de conquistas, se impone la necesidad de una acción en unidad de los trabajadores de todas las nacionalidades, que quiebre los planes de guerra del capital y abra paso en el país y el continente a una salida de la clase obrera.