En noviembre del año pasado, un niño de ocho años intentó suicidarse. Estaba internado en el Hogar San José Obrero, perteneciente a la Fundación Felices los Niños que regentea el cura Grassi, acusado de abuso sexual reiterado contra varios menores de sus institutos. La Justicia ordenó que el Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente porteño evaluara  al chico. Cuando los profesionales quisieron verlo, la Fundación lo había trasladado a otro de sus hogares en la provincia. La Justicia ordenó que se analizara cómo vivían los 46 chicos internados en el hogar, que tienen entre siete y 17 años.

Las conclusiones del equipo evaluador señalan todo tipo de irregularidades, abandonos, maltratos y abusos. Varios chicos denunciaron que fueron violados por chicos mayores o que fueron testigos de violaciones. Un nene de ocho años dijo que le ponían una correa de perro y “entonces empezaron a hacerlo, me veían cara de novia”. El hogar está sucio, los chicos no tienen ni cepillo de dientes, a veces no hay agua, la enfermera no acredita título de ningún tipo, en toda la institución no hay ni un botiquín o un plan alimentario. Las monjas a cargo dejan los chicos solos, muchas veces desde la tarde hasta la madrugada, “acción que genera dificultades en el suministro de los medicamentos indicados”. El informe del equipo describe la obstrucción deliberada de las monjas y del apoderado de la Fundación, Ricardo Muro (Página/12, 23/3).

Lo insólito es que la titular del Consejo, Jessica Malegarie – que llegó al macrismo por Rodríguez Larreta, su compañero en el Grupo Sophia-le pidió a la Justicia que levante “la intervención informativa” basada en que “se ha dado curso a acciones concretas dirigidas a resolver situaciones de clara negligencia en relación con la salud integral de los niños/as y adolescentes alojados en el hogar de la Fundación Felices los Niños”. Y agrega: “los cambios sugeridos han sido receptados y consensuados con las autoridades” (ídem). Malegarie dijo que la “reorganización” del hogar quedará a cargo de Muro, que negó los abusos y dijo que “el niño se puso un cable al cuello para llamar la atención” (Canal 26, 28/3). 

Qué cadena de atrocidades. El pedófilo Grassi sigue teniendo menores a cargo. El gobierno de Macri, el de Scioli y la Justicia le siguen enviando chicos y pagándole subsidios. Y cuando los propios trabajadores del gobierno porteño denuncian que los chicos son abusados y maltratados, el macrismo defiende a los abusadores.       

Que el Estado subsidie a las familias que lo necesitan, en vez de entregar los hijos de las mujeres pobres a la tutela de abusadores y pedófilos. Hay que terminar con el sostenimiento estatal a los hogares confesionales y no confesionales, que son centros de tortura para los chicos y fuente de enriquecimiento para los torturadores, con sotana o sin ella. 

Clementina Robles