Los nuevos develamientos sobre las matufias de Odebrecht en suelo local comprometen de lleno, junto a lobbystas y funcionarios de la era K, a la patria contratista del país que sigue siendo beneficiada por los contratos con el Estado.

 

Así lo reveló Hugo Alconada Mon en la edición de hoy de La Nación, al exponer una trama de corrupción de la que participó el grupo brasileño para quedarse con el contrato de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de construcción del Sistema de Potabilización Área Norte (proyecto de agua potable de Paraná de las Palmas).

 

En la repartija de 14 millones de dólares en coimas, para obtener un contrato de US$ 720 millones (con una ampliación de otros US$ 69 millones), participaron entre otros Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido; Jorge “Corcho” Rodríguez, un lobbysta cuyo nombre también aparece en el operativo de sobornos relacionado con las redes troncales de gas; y Raúl Biancuzzo, director de Infraestructura de Aysa entre 2007 y 2011.

 

Ante todo, se destaca el rol jugado por Carlos Wagner, dueño de la empresa constructora Esuco y en ese momento presidente de la Cámara Argentina de la Construcción  (que nuclea a las principales empresas del rubro) –y a través de él, a las grandes corporaciones beneficiarias de los negocios con la obra pública. Según hace constar Alconada Mon, “Wagner, dueño de la constructora Esuco, le comunicó a Odebrecht las condiciones para participar del negocio. Primero, les dijo, debía integrar un consorcio junto a otras tres empresas locales: Benito Roggio, Cartellone y Supercemento, mientras que Esuco iría con otra constructora brasileña, Camargo Correa, por el contrato mellizo del proyecto en Berazategui. Y segundo debía aportar millones para ‘pagos indebidos’ a funcionarios del gobierno; en particular, del entorno del entonces ministro Julio De Vido” (La Nación, 1/8).

 

La opereta lanzada por el macrismo con la tentativa de expulsión de De Vido no basta para ocultar lo evidente: que las empresas envueltas en estas corruptelas son las mismas que siguen haciendo fortunas con la obra pública.

 

Estos negociones no se mencionan cuando se habla de la mentada reactivación de la construcción en los últimos meses (por lo demás relativa, ya que se la compara con el mismo período de 2016, fuertemente planchado). Como se destaca en La Nación (ídem), “la obra pública sigue siendo el gran motor, lo que se refleja en los insumos más vendidos: el asfalto mostró un crecimiento de 87,3% en junio en la medición interanual”.

 

Wagner, artista de cabecera

 

“Esuco, del empresario Carlos Wagner, figuraba como la séptima empresa con mayores adjudicaciones de obra pública, según el listado que divulgó en 2015 el entonces ministro de Planificación Julio De Vido” (El Cronista, 19/7).

 

Pero Esuco mantiene sus tentáculos extendidos por doquier. Tiene asignado junto a otras empresas el segundo tramo de las obras de túneles en el Riachuelo, una de las obras más grandes de la gestión Macri y la más grande que financia el Banco Mundial en la Argentina –el primer tramo lo lleva IECSA, la empresa que era hasta hace poco del primo de Macri, Ángelo Calcaterra.

 

En la Provincia ya ligó la extensión de la Autopista La Plata, a comenzar prontamente, con un presupuesto en el orden de los 500 millones de pesos, y realiza la repavimentación de la ruta 67 en el tramo Pigüé-Puan –entre otras obras.

 

Sin ir más lejos, en el día de ayer se denunció en Prensa Obrera que Esuco había obtenido el ‘regalito’ de una exención impositiva  de 20 millones de pesos para obras en la localidad bonaerense de General Madariaga, gobernada por Cambiemos. Otro favorazo luego de que María Eugenia Vidal permitiese en 2016 que la concesionaria Aumar (Autovías del Mar), integrada por Esuco, Benito Roggio, Cristóbal López, el grupo Eurnekian y la firma CPC SA, terminase su contrato con el Estado sin rendir cuentas, pese a la flagrante falta de obras y de mantenimiento, al deterioro de la traza y a las importantes demoras que se registran cada verano.

 

La amistad con Wagner no es privativa de los macristas. Esuco también está metida en las obras de la ruta 46, en la Catamarca de Lucía Corpacci (FPV); y, junto con Supercemento (otra de las socias de Odebrecht), en el acueducto del Chaco del pejotista Domingo Peppo.

 

Por su parte, el mismo grupo Roggio que se asoció con Odebrecht para el proyecto en Paraná de las Palmas acaba de “ligar” (en sociedad con la constructora Chediack) la obra del viaducto de la línea Mitre en la Ciudad de Buenos Aires, que va del Hipódromo a la Avenida Congreso; mientras que el gobernador de Córdoba del PJ, Juan Schiaretti, le viene dando al grupo contrato tras contrato: “en simultáneo provee el agua potable a la ciudad de Córdoba a través de Aguas Cordobesas, trata residuos peligrosos en su planta de Taym y ejecuta la obra de entubamiento del canal Los Molinos-Córdoba” (La Voz, 2/4).

 

Marche preso

 

La apertura de la caja de Pandora de Odebrecht, impulsada por el imperialismo para ganar terreno en estas partes del mundo, va revelando la podredumbre del conjunto del régimen político –oficialistas y opositores– y de los grupos capitalistas metidos en la obra pública.

 

Las nuevas revelaciones deberían llevar a la prisión a esa cueva de superexplotadores que es la Cámara de la Construcción, con todos sus integrantes (y sus socios de la burocracia sindical de Uocra). Los vaciadores y defraudadores empresarios deben ir a juicio y responder con su patrimonio, al igual que los funcionarios entreverados en estos desfalcos.