Un episodio grotesco volvió a sacar a luz la red delictiva organizada desde el Estado en torno al reparto de los bolsones alimentarios a la población carenciada de Córdoba.

Un cargamento de mil bolsones fue entregado por error a la Municipalidad de San Carlos Minas, un pequeño pueblito del interior cordobés que no llega a tener esa población. Al abrir el envío, remitido por orden del gobierno provincial, los funcionarios descubrieron que el destinatario no era la intendencia sino una conocida dirigente local del radicalismo, que el camionero había supuesto era la intendente del pueblo.

En Córdoba, el reparto de los bolsones ha sido ‘privatizado’ por los partidos políticos del sistema, que toman a su cargo la distribución sin que exista ni el disfraz de un control popular. Mensualmente, salen de la Dirección de Emergencias Sociales unos 100.000 bolsones alimentarios, y el grueso del reparto queda bajo la responsabilidad de tres “comisionados políticos”. Estos eran, al menos hasta hace unos meses atrás, “por el radicalismo… el senador mestrista Miguel Nicolás… por el justicialismo… el diputado provincial Dídimo Ledesma, ligado al grupo del también diputado cavallista Juan Schiaretti, y el ex legislador Julio Tejeda, enrolado en la tropa del senador nacional Manuel de la Sota” (La Voz del Interior, 8/4/96). Este reparto de características mafiosas provocó la protesta de los que se sienten ‘discriminados’ (Aráoz y Alarcia en el PJ) y el propio Frepaso, que planteó sumarse a la federación de ‘padrinos’ (“quizás la estructura de desarrollo territorial del Frepaso sea más pequeña que la del PJ o la UCR, pero esto no significa que se nos excluya” –Tazzioli, diputado provincial).

El empadronamiento “corre por cuenta de los partidos políticos” (ídem), lo que termina de “perfeccionar el sistema”. Las denuncias sobre desvío de bolsones, entrega a comerciantes y otros chanchullos son constantes, pero los vecinos lo hacen en voz baja por el temor a quedarse sin alimentos.

La red que ‘distribuye’ el gasto social integra también a la jerarquía eclesiástica, que administra casi la mitad de los comedores populares en Córdoba capital.

Planteamos: fuera la mafia partidaria, empadronamiento cada 90 días bajo control de los vecinos, elección de delegados por manzana que tomen a su cargo la distribución, marchar contra el hambre y la desocupación.