Políticas

18/5/2016|1411

Malcorra y las Malvinas

El avance de este tipo de negociaciones no sólo significaría un duro revés al reclamo de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, sino que junto con ello agravaría la condición semicolonial del conjunto del país.


La candidatura de la canciller Malcorra a la Secretaría General de la ONU tiene como trasfondo una negociación de la soberanía nacional de las Islas Malvinas con el Reino Unido y las grandes potencias imperialistas. Según el estatuto del organismo, es requisito necesario para acceder al cargo contar con la unanimidad de los miembros del Consejo de Seguridad, entre los que se encuentra el Reino Unido. En otras palabras, los piratas ingleses tienen derecho a veto. Para sortear este obstáculo, Malcorra ha viajado a Inglaterra y tuvo una reunión con su canciller, que ella misma calificó como “histórica”.


Malcorra sigue una hoja de ruta diseñada para congraciarse con los grandes monopolios petroleros, mineros y pesqueros. Se vale para ello de la reciente resolución de la ONU, que reconoce a la Argentina una mayor extensión de su plataforma continental sobre el Atlántico Sur. Dicha resolución ha colocado en manos del gobierno un instrumento de valor extraordinario para negociar una participación subordinada en la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. Ocurre que hoy las posibilidades de los grandes monopolios de proceder a la explotación de esta enorme geografía, que ahora crece en 1.700.000 kilómetros cuadrados y alcanza incluso la Antártida, están limitadas por el litigio sobre la soberanía de Malvinas. Para los monopolios sería de gran importancia eliminar los conflictos jurisdiccionales para poder utilizar en la logística de la explotación el territorio continental, permitiendo una reducción de los costos de extracción, en momentos en que el precio del petróleo ha sufrido una fuerte caída.


A la vez, un acuerdo llevaría a anular las disposiciones votadas por el Congreso, que prohíben a las empresas petroleras que realizan exploraciones petroleras en Malvinas o en aguas adyacentes realizar también inversiones en el continente. Este tipo de disposición, aunque pueda ser violada por los monopolios mediante diferentes tipos de arguyas legales y societarias, es contradictoria con el acuerdo de libre comercio que el Mercosur quiere sellar a la brevedad con la Unión Europea -una especie de Alca con el gran capital europeo. Para la Unión Europea, las Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur son territorio del Reino Unido.


El avance de este tipo de negociaciones no sólo significaría un duro revés al reclamo de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, sino que junto con ello agravaría la condición semicolonial del conjunto del país. Por lo pronto, plantearía un saqueo a gran escala de los recursos naturales no renovables del país por parte del gran capital internacional, a cambio de ingresos fiscales que servirán sólo para atender el pago de la deuda externa.


El silencio del kirchnerismo ante el avance de esta política entreguista no debiera sorprender. Ya en el pasado, la propia Alicia Castro, que milita en el campo bolivariano del kirchnerismo, expuso en su carácter de embajadora argentina en Londres la posibilidad de avanzar en una suerte de “soberanía compartida” de las Islas Malvinas. Seguía los lineamientos originales de Néstor Kirchner, que había creado Enarsa como un intento de interesar a los grandes monopolios internacionales en la explotación de los recursos energéticos del Mar Argentino. El proyecto sólo tenía andamientos con un acuerdo con el Reino Unido. La crisis con los fondos buitre y la expropiación de YPF pusieron un freno a esa política. Pero la indemnización jugosa pactada por Kicillof con Repsol y el acuerdo con los fondos buitre votado por los senadores del FpV muestran que el kirchnerismo nunca se apartó de esa política estratégica.


La defensa de la cuestión nacional del país reclama la denuncia de estos pactos que se negocian en la trastienda.