La insistencia de Mauricio Macri en asegurar que seguiremos aferrados “a la verdad, por dura que sea”, en su discurso por el bicentenario, tuvo un claro significado: el presidente se juramentó a sí mismo, y ante los presentes, a poner a salvo el tarifazo del 400% -y en muchos casos del doble- en el gas natural y en la luz eléctrica. A pocos metros, aplaudía el rey Juan Carlos, en nombre de los fondos de inversión y otros especuladores que controlan a los privatizadores de la telefonía o la energía en Argentina.

El fallo de la cámara platense, suspendiendo los aumentos en el gas, ha colocado en el tapete una crisis política inocultable. Pero esa crisis estaba presente, y bajo la forma de una conmoción popular, cuando la boleta de gas del bimestre mayo-junio llegó a millones de hogares en los últimos días.  A la suba del 400% en la tarifa,  se agregó la “penalización” que sufrió  la población por haber consumido por encima del año pasado… en un otoño mucho más riguroso. Por ese “exceso”, miles de familias pagaron siete u ocho veces más caro el consumo incremental.  Cuando los funcionarios macristas aceptaron, hace un mes atrás, “limitar” los aumentos al 400%,  lo hicieron a sabiendas de que las empresas podrían resarcirse con ese plus sobre los mayores consumos.

Las boletas recibidas son impagables para miles de hogares, y anticipan un escenario que despierta terror en el gabinete “Cambiemos” (y en los especuladores que tienen sus fondos apostados en las acciones de las privatizadas):  nos referimos a una rebelión general contra el pago de facturas y, luego, contra la tentativa oficial de cortar el servicio. Los tarifazos se sostienen sobre la extorsión de los capitalistas y su Estado en relación a estos servicios vitales: si no se pagan, se cortan. Pero distintos observadores políticos ya han advertido sobre la “inviabilidad” de los cortes, en el cuadro de la crisis social planteada por los aumentos.  Así las cosas, todas las mentes del gobierno –y de la justicia- están aplicadas ahora a poner a salvo al tarifazo y, con él, a la autoridad política del Estado que debe reprimir –con el corte de servicios- a quien no pague las facturas.

Por un lado, el gobierno debate, según relata Clarín de hoy, la posibilidad de “financiar el excedente del 400% en varios pagos”, o sea, una suerte de tarifazo extendido en el tiempo. En ese caso, los aumentos serían salvados a través de un endeudamiento compulsivo contra millones de familias trabajadoras. Esa hipoteca será agravada, en verano, cuando el calor obligue a un mayor empleo de aparatos eléctricos.  Del lado de la Corte y de la Justicia (ver artículo aquí), se debate condicionar el tarifazo a la realización de audiencias públicas, a sabiendas de que ellas no son vinculantes, o sea, que no tienen capacidad de torcer la decisión oficial. El gobierno, de todos modos, quisiera evitar incluso ese paso, dado que la audiencia no dejaría de ventilar públicamente la cuestión de los desfalcos de los privatizadores. Una decisión de la Corte “recomendando” las audiencias, y postergando para el mes de agosto la resolución de la cuestión de fondo, apuntaría a disipar la actual conmoción por los tarifazos y a darle tiempo al gobierno para armar una salida que, bajo la actual crisis, ponga a salvo los aumentos. Esta es también la línea de la oposición (Massa).

Parásitos

Los tarifazos gigantescos en el gas y en la luz pretenden convalidar los aumentos que recibieron los pulpos petroleros y gasíferos por sus actividades de extracción en los últimos años –naturalmente, desde CFK-Kicillof hasta hoy.  Esos “premios” fueron un verdadero rescate a los pulpos, en momentos en que el precio internacional del crudo se derrumbaba. Nada de ello sirvió para sacar del pantano a la producción petrolera. En cambio, los tarifazos sí están alimentando diferentes maniobras bursátiles y especulativas con la compra y venta de compañías: es lo que está ocurriendo hoy con la Transportadora de Gas del Norte (ver artículo en esta página), o recientemente, con la transferencia de los activos de Petrobras Argentina al grupo Mindlin.  De este modo, los padecimientos de millones de argentinos financian la transferencia de compañías quebradas y desinvertidas. En oposición a este nuevo saqueo, es necesario plantear la apertura de todos los libros y costos de la industria energética, lo que pondrá de manifiesto más de dos décadas de desfalcos y planteará la necesidad de su renacionalización bajo la gestión de sus trabajadores. Esto es lo que plantea el proyecto de anulación del tarifazo de los diputados del PO-FIT en el Congreso.

Luchar contra el tarifazo

El conjunto de maniobras dirigidas a poner a salvo esta confiscación económica contra el pueblo pone de relieve la necesidad de impulsar una gran iniciativa de lucha contra los tarifazos, el único recurso que podría quebrar a la “coalición del ajuste”.  Es necesario debatir esta perspectiva en todas las ciudades y barrios afectados, y por supuesto, en los sindicatos, siguiendo el camino de los frazadazos impulsados por los SUTEBAs combativos.  En esa línea, el Partido Obrero se movilizará este martes 12 a las 12 horas a los Tribunales,  por la anulación definitiva del tarifazo.