El 25 de junio se realizará la audiencia con el tribunal de casación que revisará las sentencias contra José Pedraza y el resto de los autores del crimen de Mariano y las heridas de Elsa Rodríguez. La fecha fue reprogramada, ya que en principio había sido fijada para el 26 de junio, en coincidencia con el aniversario de los crímenes de Kosteki y Santillán. Sin brindar explicaciones, el tribunal resolvió adelantarla.

La audiencia tiene por objeto la ratificación oral de los planteos presentados por escrito por las partes tras el juicio. En el caso de los defensores de Pedraza y su patota, estos pretenden su absolución y la anulación de pruebas fundamentales.

En el caso de nuestra querella, insistiremos en la calificación del crimen. Tanto el TOC 21 que condenó a Pedraza como su defensa cuestionaron nuestra posibilidad de acusar por tentativa de homicidio agravado a Pedraza, Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale y Gabriel Sánchez. Su argumento es que las penas de 18 a 15 años de prisión que recibieron representan más de la mitad de la pena que nos permite solicitar el Código Penal por las heridas de Elsa y Nelson (25 años).

Sin embargo, el trasfondo del debate es la existencia de un plan criminal -como hemos sostenido desde el primer momento- que tuvo por objeto quebrar la lucha de los tercerizados ferroviarios y preservar un negociado que compartían burócratas, funcionarios y empresarios. Recordemos que para el tribunal que condenó a Pedraza, el homicidio consumado y las heridas de los compañeros no fueron premeditados; los calificaron como “simples”. Para el TOC 21, lo que los acusados premeditaron fue aleccionar a los tercerizados utilizando armas de fuego y, si bien el homicidio de Mariano y las heridas graves que sufrieron los compañeros eran una posibilidad que los autores podían representarse, no eran su intención. Este razonamiento es la fruta envenenada que puede habilitar argumentos para dictar nuevas absoluciones o disminuir las penas.

La fiscalía y la querella del CELS -que representa a la familia de Mariano- pidieron prisión perpetua para Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez. Sin embargo, la fiscalía había solicitado la absolución de dos patoteros -desestimando un testimonio clave- y la condena de los policías por abandono de persona, no por su participación necesaria en el crimen. Por su parte, el CELS había deslindado la responsabilidad política de Aníbal Fernández por la actuación policial. Cuando ocurrió el crimen de Mariano, Fernández era jefe de Gabinete y tenía a su cargo la gestión política de la policía. Calificó de “impecable” la actuación de los jefes policiales que liberaron la zona y apoyaron a la patota que mató a Mariano.

La sala III de la Cámara de Casación la integran actualmente los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa. Esta última fue electa presidente de la Cámara Federal de Casación en diciembre de 2014 con el apoyo de sectores anti K. Sin embargo, recientemente intentó sin éxito desplazar al juez federal Claudio Bonadío de la causa Hotesur SA, que investiga al entorno cercano a Cristina Kirchner.

En el frenético acomodamiento de los jueces federales, ¿el caso de Mariano Ferreyra puede ser una pieza más?

El Partido Obrero se movilizará a los tribunales de Comodoro Py el día 25 a las 9:30 de la mañana, para exigir perpetua a Pedraza y a todos los responsables.